Texto y fotografía: Berenice Vásquez
“Nosotros siempre pensamos que había sido el Ejército”, acusó Mario César González, padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa.
A nueve años de la llamada “Noche de Iguala”, los padres de familia cuestionaron la participación del Ejército mexicano en la desaparición de los estudiantes.
“No hay más que sepa dónde se llevaron a nuestros muchachos, que el Ejército mexicano, hay pruebas contundentes que nos dejó el GIEI, que no lo quiera reconocer y que quiera jugar con el desprestigio de nuestros equipos y del GIEI, es otra cosa.
“Hay pruebas de cómo se movió el Ejército ese día. Nosotros siempre pensamos que había sido el Ejército, porque desde que salieron nuestros muchachos había un infiltrado, ¿cuál fue la última llamada de ese infiltrado?, ¿a quién llamó?, ¿qué es lo que dijo?, ¿quién lo puso ahí?”, cuestionó César González.
Así también, reprocharon el apoyo del gobierno a las aspiraciones de Omar García Harfuch para buscar la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, al referir que “él recibía dinero de Guerreros Unidos, él estaba en la carpeta negra, su número y su nombre del jefe de Guerrero Unidos… Qué es lo que está pasando que en vez que lo investiguen, todavía lo protegen”. a lo que vino una rechifla de los espectadores.
Caída la noche y como escenario un Palacio Nacional amurallado, Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, destacó que el caso se encuentra en un momento crítico. “Queremos desde esta tribuna, rechazar de manera tajante la narrativa de hechos presentada el día de ayer por este gobierno. Es una narrativa que no se sustenta en prueba alguna. Es na narrativa que incorpora elementos y datos de la mal llamada Verdad Histórica'”, dijo.
El representante legal de los padres y madres de los normalistas, destacó que entre los expedientes que revisó el GIEI y la propia Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia a cargo de Alejandro Encinas, se tienen las pruebas de la infiltración de elementos del Ejército en la Escuela Normal Rural, quienes habrían reportado cada uno de los movimientos de los normalista e intervinieron las comunicaciones de integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y jefes de la policía. “Esa intervención de comunicación refería el destino de 17 estudiantes”. Si embargo, el gobierno no ha proporcionado esos reportes que se encuentran en el Centro Regional de Fusión de Inteligencia.
“Exigimos la entrega inmediata de esa información que puede dar con el paradero de nuestros 43 compañeros, es criminal ocultar una información que puede dilucidar dónde se encuentran por lo menos 17 compañeros. Esto no es de un gobierno progresista, mucho menos de un gobierno de izquierda”, demandó Rosales.
“Este gobierno lejos de ponerse del lado de las víctimas, se ha colocado del lago de las instituciones particularmente del Ejército mexicano”, reprochó el abogado del Tlachinollan.
Al señalar que el último informe del gobierno busca criminalizar a los 43 normalistas, argumentó que hasta el momento no existe ningún informe objetivo de organismo alguno que corroboré la colusión del crimen organizado entre los estudiantes y estos grupos delictivos.
Ayudada de un bastón, Hilda Hernández, madre de uno de los 43 desaparecidos, se dijo molesta por la negativa del gobierno y el Ejército de entregar toda la información, y por “otros cinco años perdidos”.
Puntualizó que “en este camino hemos visto muchas irregularidades y mentiras. Pensábamos que teníamos una luz de esperanza pero no fue así. Este gobierno trata de darnos una segunda Verdad Histórica en la que no estamos de acuerdo”.
LA MARCHA
Organizaciones civiles, sindicatos y estudiantes marcharon previamente, para dar acompañamiento a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, con las consignas: “Fue el Estado”, “Fue el Ejército” y “¡26 de septiembre no se olvida!”, entre otras.
De acuerdo con cifras oficiales, cinco mil personas caminaron desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, custodiados por las calles cubiertas con paredes de hierro que “resguardaban” comercios, hoteles, recintos culturales y oficinas de gobierno, e impidiendo el paso en la calle Madero.
A la llegada al Antinomumento, ubicado en el cruce de Paseo de la Reforma y Avenida Juárez, se realizó el pase de lista de los 43 estudiantes y se colocó una placa que refiere los hechos sucedidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014; además, se hace constar la participación de la Ejército.
Los padres y familiares de los nomalistas permanecerán en el plantón que instalaron a las afueras del Campo Militar Número Uno, en la CDMX.