El 4 de noviembre de 1970, luego de haber ganado las elecciones presidenciales realizadas dos meses antes con el 36.6 % de los votos emitidos, Salvador Allende asumió la presidencia de Chile, con lo cual se instaló en este país el primer gobierno socialista elegido por la vía democrática de la historia.
Sin embargo, el proyecto socialista de Allende apenas duraría poco menos de tres años, pues el martes 11 de septiembre de 1973 –hoy justo hace medio siglo–, quien había sido nombrado comandante en jefe del Ejército de Chile, el general Augusto Pinochet, encabezó un violento golpe de Estado que le arrebató el poder.
¿Qué consecuencias tuvo este hecho atroz en la sociedad chilena? Rubén Ruiz Guerra, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, responde: “En primer lugar trajo llanto, dolor, terror, desarraigo, muerte…; en segundo lugar, la cancelación de los procesos democráticos, los cuales habían imperado ininterrumpidamente en esta nación a lo largo de 42 años; en tercer lugar, no sólo la desaparición de quien había sido elegido democráticamente para dirigir el destino de Chile, sino también la suspensión del Congreso, la represión salvaje del pueblo, el férreo control de la prensa, la radio y la televisión, y, sobre todo, la ruptura brutal del tejido social. En esto último, por cierto, no se ha puesto suficiente énfasis. La instauración de la dictadura de Pinochet implicó que hermanos se pelearan con hermanos, amigos con amigos, compañeros con compañeros, y que quienes eran considerados revolucionarios o militantes de la izquierda fueran denunciados ante las autoridades militares, detenidos, torturados y, no pocas veces, ajusticiados… Y en cuarto lugar trajo la implantación de lo que conocemos como el modelo neoliberal, el cual se basa en la reducción del Estado y el dominio del mercado. Así, ciertas tareas que habían sido responsabilidad de éste, como el cuidado de la salud o la jubilación de los trabajadores, pasaron al ámbito de la iniciativa privada”.
Intromisión estadunidense
Salvador Allende era un político de izquierda muy relevante que antes de ganar las elecciones de 1970 ya había sido candidato a la presidencia de su país en tres ocasiones (también fue diputado, ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social, cuatro veces senador y presidente del Senado).
Obviamente era visto con un enorme recelo por la oligarquía chilena, pero también por el gobierno estadunidense, que en ese entonces encabezaba el republicano Richard Nixon.
Cuando Allende ya había ganado las elecciones presidenciales, pero aún no asumía el poder, Nixon entendió que, en ese momento, uno de los principales objetivos de su nación era impedir que aquél se convirtiera en presidente de Chile. La reciente desclasificación de los documentos del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos que contienen las transcripciones de llamadas telefónicas entre Nixon y su consejero de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, así lo confirma.
“Por supuesto, esto significó la canalización de recursos y la búsqueda de aliados dentro de la oligarquía chilena, el primero de los cuales fue Agustín Edwards, dueño del periódico El Mercurio. Así pues, Nixon financió una corriente de pensamiento y de acción crítica contra Allende. Recordemos que apenas había pasado poco más de una década desde el triunfo de la Revolución Cubana, la cual causó mucho miedo, tanto a las oligarquías latinoamericanas como al gobierno estadunidense, y que, a principios de los años 60 del siglo XX John F. Kennedy había impulsado la Alianza para el Progreso, que establecía la necesidad de hacer reformas estructurales y económicas en América Latina. En esa época, las sociedades de dicha región eran tan desiguales o más que ahora… En Chile, entonces, se llevó a cabo una reforma agraria que buscaba, por una parte, evitar que el pensamiento de izquierda tuviera más seguidores y, por otra, impedir que se formara una masa crítica de campesinos y que ésta apoyara a los movimientos armados de izquierda”, dice Ruiz Guerra.
Inestabilidad
No obstante, Allende logró llegar a la silla presidencial y poner en marcha una serie de medidas que permitieron al Estado ejercer una clara preponderancia en la regulación de la vida económica del país, por lo que el gobierno estadunidense, en consonancia con la oligarquía chilena, aumentó sus empeños para detener este giro hacia la izquierda.
“Por eso se incrementaron los ataques de la prensa al gobierno de Allende y surgieron movimientos de derecha muy significativos, y, para colmo de males, los movimientos de izquierda entraron en un diálogo no democrático con ellos. Además –y esto es esencial–, la oligarquía empezó a usar sus recursos para generar no sólo inestabilidad política y social, sino también crisis económicas, y los militares chilenos se fueron dando cuenta y convenciendo poco a poco de que, en esas circunstancias tan inestables, ellos podrían intervenir para resolver las cosas”, refiere Ruiz Guerra.
A pesar de esa situación de inestabilidad política, social y económica, el 4 de marzo de 1973, la Unidad Popular –la coalición de partidos políticos de izquierda que lideraba Allende– obtuvo más votos de lo esperado en las elecciones parlamentarias: el 44 %, lo que supuso un respiro para el presidente y sus seguidores.
Con todo, ese respiro se tornó en miedo, agonía y muerte el 11 de septiembre de ese mismo año, cuando los aviones de la Fuerza Aérea de Chile bombardearon el Palacio de La Moneda, sede del poder ejecutivo de esa nación, y empujaron a Allende a suicidarse.
“Es necesario subrayar que el golpe de Estado en Chile fue ejecutado por los militares chilenos, sí, pero con el apoyo ideológico y económico del gobierno estadunidense.”
Persecuciones, allanamientos…
Hablar del golpe de Estado en Chile y de los 17 años de dictadura de Pinochet es hablar de persecuciones, allanamientos, detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos.
“En varios pronunciamientos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que estas acciones no fueron eventuales, sino sistemáticas y aprobadas por Pinochet. Ahora bien, según información oficial, del 11 de septiembre de 1973 al 11 de marzo de 1990, cuando la dictadura chilena llegó a su fin, hubo entre 3,300 y 10,000 personas asesinadas y desaparecidas (aunque Nathaniel Davis, embajador estadunidense de entonces, escribió alguna vez que esta cifra podría oscilar entre 3,300 y 80,000), así como 40,000 torturadas y 250,000 exiliadas”, indica Ruiz Guerra.
Un argumento que esgrimen muchos chilenos para defender la dictadura que se instauró en su país durante 17 años es que el 11 de septiembre de 1973 estalló una guerra, un conflicto armado.
“Después del golpe de Estado sí hubo algunos focos de resistencia en Santiago y otras ciudades, pero si tomamos en cuenta que para calcular el nivel de letalidad y violencia en un conflicto armado se recurre a la ratio (relación cuantificada entre dos magnitudes que refleja su proporción), y que por cada 48 simpatizantes del gobierno de Allende que fueron asesinados por las Fuerzas Armadas de Chile se contabilizó únicamente un soldado muerto, se puede ver que en realidad no estalló ninguna guerra, lo cual desmiente también la idea de que la Unidad Popular estaba planeando una revolución y acaparando armas.”
Sin justicia
En opinión de Ruiz Guerra, de todas las dictaduras latinoamericanas de los años 60 y 70 del siglo pasado, la chilena es la que, con el paso a la democracia, ha sido objeto de muy pocos esfuerzos para impartir justicia a quienes la padecieron.
“No ha habido juicios como los de Argentina, por ejemplo. El dictador Jorge Rafael Videla y otros militares implicados en torturas y asesinatos terminaron sus días en la cárcel. En cambio, si bien Pinochet fue capturado en el Reino Unido por una orden del juez español Baltasar Garzón, no se le enjuició y regresó sano y salvo a su país. Y en términos de memoria histórica tengo la impresión de que tampoco se ha hecho justicia. En una gran cantidad de naciones que han sufrido un golpe de Estado se reconoce que hubo una ruptura de la democracia, violaciones a los derechos humanos y muertes. En cuanto a Chile, la aprobación de Pinochet y su gobierno ha crecido en los últimos 10 años. Hay diversas razones que explican esto. Una de ellas es que, a pesar de los cambios positivos que ha habido desde 1990 no ha sido posible establecer una pedagogía que recuerde el tema de la dictadura como condenable. La derecha reivindica la figura de Pinochet y considera que fue necesario el golpe de Estado que dirigió; incluso algunos dicen que, si se dieran las circunstancias, habría que volver a hacer algo así… Es importante que cobremos conciencia de que procesos como éste no pueden –no deben– tener lugar en una sociedad civilizada del siglo XXI. El recurso para dirimir diferencias ideológicas o relacionadas con el modelo de sociedad y nación que queremos construir no puede –no debe– ser el uso de la violencia, sino el diálogo y, en el ámbito de las definiciones políticas, la democracia”, finaliza.