Por. Ivonne Melgar
Esta semana hubo tres situaciones que permiten documentar los límites del voluntarismo de la autoproclamada Cuarta Transformación, así como el saldo negativo de haber descarrilado programas que en 2018 ya eran una política de Estado.
Nos referimos a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Inegi; al encuentro de diputados con el director del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), José Nabor Cruz Marcelo, y a la negativa del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, de rendirle cuentas al Congreso.
Son situaciones que nos permiten documentar el costo de haber tirado a la basura políticas públicas que, aun con sus fallas, permitían atender condiciones estructurales de pobreza, desigualdad y marginación.
La inédita potencia del mensaje presidencial cotidiano impide corregir los límites de una estrategia contra la pobreza centrada en transferencias económicas millonarias, mismas que se elogian como sinónimo de justicia social.
Es una retórica exitosa que moduló las acciones que se han ido tomando y que ahora comienzan a arrojar resultados no necesariamente más exitosos que los obtenidos en sexenios anteriores con el Progresa de Ernesto Zedillo, el Oportunidades de Vicente Fox y Felipe Calderón y el Prospera de Peña Nieto.
Y es que, en los cuatro sexenios anteriores a los apoyos monetarios, se sumaron intervenciones en salud, educación, vivienda e infraestructura comunitaria, bajo un concepto de pobreza, que también mide las carencias en esos rubros.
Ya vendrá el análisis del Coneval con los datos de la ENIGH 2022 para dimensionar si hubo avances.
Por lo pronto, el economista Máximo Ernesto Jaramillo-Molina compartió en Twitter algunos señalamientos que otros estudiosos irían confirmando sobre la ENIGH 2022: los hogares más pobres reciben menos programas sociales que en el sexenio anterior; los ricos reciben el triple; y con excepción de la Pensión de Adultos Mayores, ningún otro programa aumentó de forma significativa.
Señaló el cofundador del Instituto de Estudios sobre Desigualdad (Indesig) y del proyecto Gatitos Contra la Desigualdad que los hogares beneficiarios de programas sociales pasaron de 28 a 34 por ciento entre 2018 y 2022, un máximo histórico registrado. Sin embargo, para 30 por ciento de la población más pobre del país, la cobertura sigue siendo menor que en el sexenio pasado. “Más para los que más tienen, menos para los pobres. Como Robin Hood, al revés”, comentó Jaramillo-Molina.
Los programas cayeron en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los estados más pobres del país y aumentaron en Yucatán, CDMX, Nuevo León y Estado de México. “Van cinco años de este sexenio durante los cuales los más pobres reciben menos”. Y concluyó: “la poca progresividad de sexenios pasados se acabó”.
Por otra parte, el Centro de investigación Económica y Presupuestaria advirtió que la ENIGH reporta que “los desafíos educativos continúan presentes: caída de la matrícula, más beneficiarios de becas, pero no en los primeros deciles de ingreso”, es decir, en los más pobres.
El mismo 26 de julio en que se presentó la ENIGH 2022, el director del Coneval se reunió con los diputados de la Comisión de Bienestar para compartir los resultados de estudios sobre el acceso efectivo de los derechos sociales de niñas, niños y adolescentes, concluyendo que deben diseñarse instrumentos que permitan la inclusión digital y entornos escolares libres de discriminación y de violencia; y atender el déficit de servicios de guarderías que permitan un desarrollo social equitativo en las zonas rurales.
Pobreza, cuidado infantil, embarazo en adolescencia y educación para la población indígena son temas en los que el Coneval prendió las alertas, planteando la relevancia de fortalecer y de retomar los apoyos alimentarios a través de comedores escolares y cocinas comunitarias, así como garantizar el acceso a la salud.
Son señalamientos que nos permiten inferir que hay un boquete por la destrucción de las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, el Prospera, los apoyos de alimentos calientes comunitarios y el Seguro Popular.
Para coronar la semana, diputados y senadores de Morena, PT y PVEM prefirieron reventar la sesión antes que soportar, el martes 25 de julio, las críticas a la negativa del subsecretario López-Gatell para informar las razones que lo llevaron a proponer la cancelación de 35 Normas Oficiales Mexicanas, un paso más en la desinstitucionalización que ha marcado la actual política social.
En esa sesión de la Comisión Permanente se aprobó, incluso con el respaldo de los legisladores afines al gobierno, la petición al Consejo de Salubridad General de que presente un informe sobre la supuesta creación de la política nacional farmacéutica que ese organismo anunció, en mayo de 2021, como parte del compromiso de garantizar el acceso a medicamentos. Porque nada se supo después del anuncio.
Un pendiente que pinta de cuerpo entero la retórica oficialista que propaga haber sustituido al neoliberalismo, sin poderlo probar aún. Es cierto que los problemas sociales son diluidos desde la propaganda y la posverdad gubernamentales que culpan de sus pendientes a la oposición y a sus críticos.
Pero, conforme se acerca el fin del sexenio, afloran las evidencias medibles de que la premisa de primero los pobres se sigue tropezando con la ineficacia del gobierno.