Por. Gerardo Galarza
A partir del gobierno de Manuel Ávila Camacho, todos y cada uno de los presidentes de la República han promovido modificaciones a la legislación electoral vigente por necesidad del sistema, en búsqueda de nuevos votos o para tener mayor control de los procesos electorales y garantizarle al PRI el mejor disfrute del poder ante los reclamos de la oposición nacional y los severos juicios críticos provenientes del extranjero.
En los años sesenta, por ejemplo, cuando aún Mario Vargas Llosa no acuñaba el célebre concepto de “la dictadura perfecta” para definir al sistema presidencialista mexicano, en América Latina se le definía como una “dictablanda”, para diferenciar al totalitarismo mexicano de los gobiernos de la región productos de golpes de Estado.
Desde los cuarenta, los presidentes mexicanos creían que promoviendo reformas electorales serían considerados demócratas. Y entonces no habido uno sólo que no hecho su “reforma electoral” y a veces hasta dos, algunas necesarias y otras obligadas por las circunstancias políticas.
No fue lo mismo reformar la ley para reconocer el derecho al voto a las mujeres (Ruiz Cortines), que reducir la edad para votar y para ser candidato a puestos de elección (Echeverría) para tratar de congraciarse con los jóvenes reprimidos en 1968 y 1971.
Por necesidades obvias para mantener el control del poder político se presentaron reformas para la creación de los diputados de partido (Díaz Ordaz) y más tarde los diputados plurinominales (López Portillo).
La mayoría de las reformas en materia electoral fueron siempre de forma y no de fondo, para dar un barniz democrático al sistema priista, también llamado “la monarquía sexenal hereditaria”.
Las únicas reformas que modificaron realmente al sistema de partido único fueron las conseguidas después del fraude electoral de 1988. En los gobiernos de Salinas y Zedillo, la exigencia ciudadana logró desmontar la piedra angular de ese sistema autoritario: arrancarle al gobierno el control absoluto de los procesos electorales que tenía hasta entonces, comenzando por la Comisión Federal Electoral (CFE), presidida por el secretario de Gobernación, y el derroche del gasto público para las campañas de los candidatos del PRI, así como la real participación de los ciudadanos en el manejo de las casillas.
No está a discusión el que todas la leyes, trátese del ámbito que traten, no son ni deber inmutables; deben adaptarse (reformarse) a las nuevas circunstancias y también normar las prácticas constitutivas de probables delitos para los protección de los derechos ciudadanos.
Es cierto que la actual legislación electoral mexicana pudiera parecer muy restrictiva en conductas que en un sistema democrático serían consideradas normales (un ejemplo, a buena pluma, sería la concerniente a la expresión pública de los funcionarios sobre sus apoyos políticos; a mi juicio esa disposición limita el derecho a la libertad de expresión de aquellos).
Sin embargo, es necesario recordar que las actuales restricciones tienen su origen en los abusos del gobierno y su partido oficial en los procesos electorales: el PRI y sus candidatos tenían a su disposición todo el dinero y los recursos públicos para sus campañas; el gobierno organizaba y controlaba las elecciones, lo que incluía el fraude electoral mediante los métodos que considerara necesarios. La ciudadanía consiguió poner coto a eso.
Pese al totalitarismo ninguno de los gobiernos priistas intentó regresar al pasado como el actual gobierno y su partido intentaron retomar el control gubernamental de las elecciones y hoy, -ante la pasividad del nuevo INE-, violan la ley con precampañas disfrazadas y disponen del dinero público como antes lo hacía el PRI. Se llama regresión.