Por. Gerardo Galarza
Para que no haya malas interpretaciones ni berrinches, de entrada hay que dejar claro que el presidente de la República obtuvo su cargo legal y legítimamente en el proceso electoral del 2018, organizado, calificado y sancionado por el Instituto Nacional Electoral (INE), la institución pública mexicana más confiable en cuando menos los cien años más recientes.
No hubo duda del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, pero lejos estuvo y está de tener el apoyo de la mayoría de los ciudadanos mexicanos, como proclaman él y sus voceros ante sus fracasos jurídicos para reformar, primero, la Constitución y, después, otras leyes, y acusan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (garante constitucional de la propia Constitución) de violentar la voluntad del pueblo de México.
Pedro El Mago Septién, quizás el mejor cronista mexicano de beisbol, decía que luego de las emociones y desencantos, de las alegrías y las tristezas que producen los buenos y los malos juegos, al final sólo queda “la frialdad de los números” y vaya que hay números en el rey de los deportes.
Igual ocurre con las cifras de los procesos electorales. La frialdad de los números de la elección del 2018 muestra que la reclamada mayoría popular, es sólo la mayor de las minorías.
Veamos las cifras oficiales, los números fríos: López Obrador es presidente de la República por el voto de 30,133,483 ciudadanos (25,186,572 obtenidos por Morena y el resto por sus aliados) de una lista nominal de 89,332,031 electores, es decir, apenas el 33.7% de los mexicanos con derecho a voto en ese entonces. En otras palabras, apenas una tercera parte de ellos, en números redondos. Cierto, no se alebresten, su votación equivalió al 53.5% de los votantes.
De ninguna manera es culpa del gobierno electo, que obtuvo la mayoría (30,133,483) del total votos emitidos (56,611,027, de los cuales fueron nulos 1,571,114). Visto de otra forma: hubo 59,198,548 mexicanos (66.7%) que votaron por otros candidatos o se abstuvieron de ir a las urnas.
Entonces, es obvio que el candidato triunfador obtuvo la mayoría de quienes acudieron a las urnas, pero enfrente están dos terceras partes de los ciudadanos con derecho al sufragio, que votaron diferente o que se abstuvieron. El porcentaje de abstencionistas llegó al 36.5 (casi tres puntos porcentuales más que el del candidato triunfador). El otro 30.2% es de los otros candidatos.
Más números fríos que desdicen las balandronadas de los voceros gubernamentales: Morena, el partido en el poder, obtuvo 21,261,577 votos para sus senadores, y 20,972,573 votos para sus candidatos a diputados federales; entre el 23 y 24% del total de probables votantes.
Así que no es verdad el arrogarse “la mayoría del pueblo” de México. Sí de los votantes, que no es lo mismo.
Cierto, el legítimo gobierno de la República tiene derecho a proponer cambios y a cambiar la Constitución y sus leyes, pero para ello debe cumplir con los procedimientos legales establecidos por la propia Constitución y sus leyes, y no ha ocurrido así.
El presidente da la República, el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación -los tres poderes de la Unión- están obligados a gobernar para todos mexicanos, mayoría y minorías. Es su obligación constitucional. Lo otro se llama gobierno faccioso; nada democrático.
México es, se sabe desde siempre, un país plural y el presidente de la República está obligado a respetar esa pluralidad, a no enfrentar a sus seguidores con los que se oponen, así fueran una minoría insignificante, que no lo son según la frialdad de los números.