Por unanimidad, el Congreso de Tlaxcala aprobó la minuta con proyecto de decreto, Ley 3 de 3, por el que se reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, remitida por el Senado de la República.
En la máxima tribuna tlaxcalteca se reconoció que “existe una obligación estatal para reforzar la legislación, en el sentido de quienes ocupen cargos públicos en cualquiera de los poderes u órganos estatales, no cuenten con antecedentes de violencia o como deudores alimentarios morosos”.
Se destacó que gracias a las luchas emprendidas por mujeres y las conquistas legales en materia de violencia política, los Tribunales Federales del Poder Judicial, han emitido diversos procedentes con el fin de reconocer la protección más amplia posible a este sector, por lo que resulta necesario garantizar la erradicación de las violencias, desde quitar a quienes ostentan puestos de poder y son agresores o deudores alimentarios.
De esta manera los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden cuando sean prófugos de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal, por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar; violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
Asimismo, se suspenderán los derechos de las personas que sean declaradas como deudora alimentaria morosa, mismos que no podrán ser registradas como persona candidata a cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión de servicio público.
En ese mismo sentido, para que una persona pueda ser titular de la Fiscalía General de la República se requiere, además de las previstas en la ley, se establece que no haya sido condenada por delito doloso.
De esta manera, Tlaxcala se convierte en el Estado número 11 en aprobar la Ley 3 de 3 contra la violencia.