El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado denominado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y se abroga su Ley Orgánica.
El documento, elaborado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, y de Ganadería, fue aprobado en lo general por 254 votos a favor, 209 en contra, y cero abstenciones, y enviado al Senado de la República para sus alcances constitucionales.
Para la discusión en lo particular, se reservaron los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del proyecto del decreto y la adición de artículos transitorios, mismos que fueron avalados en términos del dictamen con 258 votos a favor, 210 en contra y 1 abstención, con la modificación aceptada por la Asamblea.
Se aceptó la reserva del diputado Ignacio Mier Velazco (Morena), que modifica el artículo Tercero Transitorio, a fin de estipular que, para el cumplimiento de las obligaciones con las personas trabajadoras jubiladas y pensionadas del Sistema Banrural, las mismas continuarán a cargo del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (Fopesiban), operado por el instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y no afectarán los derechos adquiridos por la entrada en vigor del presente decreto.
El dictamen estipula que el organismo conservará su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación respectivo, en términos de las disposiciones administrativas y presupuestales aplicables.
Además, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Banca de Desarrollo, será la responsable del proceso de su extinción y liquidación en un plazo de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto.
El dictamen destaca que el proceso estará a cargo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que será el liquidador único del Gobierno Federal que tendrá amplias facultades para actos de administración, dominio, pleitos y cobranzas; además, suscribir u otorgar títulos de crédito, y realizar cualquier acción que coadyuve a una eficiente liquidación.
Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la de la Función Pública y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, vigilarán que el procedimiento de liquidación se realice conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
Las erogaciones generadas con motivo de la entrada en vigor del presente decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, según corresponda, por lo que no se autorizarán recursos financieros adicionales en el presente ejercicio ni en los subsecuentes.
Los derechos laborales de las personas trabajadoras, incluidas las indemnizaciones correspondientes de la Financiera, serán respetados íntegramente, conforme a las disposiciones laborales aplicables por conducto del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
Se abroga la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2002.
Posturas de los grupos parlamentarios
El diputado del Mauricio Prieto Gómez (PRD) expresó que esta extinción destruye el financiamiento del campo, pues el organismo público era la herramienta de muchos productores para continuar su actividad, con el argumento de la cartera vencida y de que ya no funciona, “pero empezó a dejar de funcionar en esta administración”.
El diputado de MC, Rodrigo Herminio Samperio Chaparro afirmó que es una iniciativa retrógrada que busca entregar apoyos económicos de manera directa, con padrones opacos y sin transparencia. “No les interesa el campo, solo crear programas electoreros”. Afirmó que con la propuesta se violenta el proceso legislativo, pues no tiene estudios ni técnica adecuada para sacarlo adelante
Del PT, el diputado Ángel Benjamín Robles Montoya señaló que esta institución fue incapaz de impulsar el desarrollo rural y sus resultados muestran la depredación de recursos por la ideología del neoliberalismo banquero, que vio al sector como cliente para saquearlo. “Ofrecen financiamiento con intermediarios privados nacidos al amparo de la especulación crediticia”.
Por el PVEM, la diputada Ciria Yamile Salomón Durán, mencionó acompañarán el dictamen, toda vez que los recursos se entregarán directamente a las personas beneficiarias, lo que se reflejará en la disminución de gastos en infraestructura administrativa, y habrá más recursos para quienes más lo requieren y no solo para las grandes empresas.
En representación del PRI, la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado expuso que su grupo parlamentario se opone a la desaparición de la Financiera Rural y propone un Parlamento Abierto para escuchar a los campesinos, pues ellos han tenido que enfrentar altos costos para sembrar sus parcelas y ahora las cosechas no son pagadas adecuadamente.
El diputado Salvador Alcántar Ortega (PAN) señaló que el cierre del organismo dejará en el desamparo a miles de productores, quienes van a tener que buscar alternativas menos convenientes para financiar su actividad productiva, con el riesgo de caer en manos de intermediarios no formales que los amenacen, agredan y fomenten la ilegalidad; por ello, su voto será en contra.
La diputada Paola Tenorio Adame (Morena) señaló que la institución presenta un grave desequilibrio financiero y una cartera vencida elevada de 8 mil 454 millones de pesos, porque sus recursos no han sido administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, como mandata la Constitución, y por ello resulta necesaria su extinción. “Los créditos no eran para impulsar el desarrollo agrario, sino para el compadre, el amigo y el aliado, a cambio de una cuota”, dijo.