Por. Saraí Aguilar
Podrán estar peleados en muchas cosas, pero si algo une a los partidos, desde Morena hasta el PAN, es el pacto patriarcal. Así lo han demostrado recientemente.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se alistaba la semana pasada a dictaminar una reforma que buscaba limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en relación con determinadas decisiones del Congreso de la Unión y sobre la vida interna de los partidos políticos.
Aunque la iniciativa fue resultado de numerosos desencuentros, una historia reciente previa explica el por qué de esta nueva e inesperada reforma electoral.
En febrero, la Sala Superior del TEPJF ordenó a los diputados federales que la nueva presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) fuese para una mujer con el fin de cumplir con el principio de alternancia y de paridad, una instrucción que no fue bien recibida por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), integrada por los líderes de las bancadas representadas en San Lázaro. Todos hombres, por cierto.
Después de haber pospuesto la respuesta institucional por más de una semana, el máximo órgano de conducción de San Lázaro anunció que entre sus siete integrantes “hay coincidencia en que el TEPJF excede sus facultades e invade las competencias exclusivas de la Cámara de Diputados y considera que se van a preparar una serie de cuestionamientos dirigidos al Tribunal para que de manera pública aclare el sentido y la coherencia de sus sentencias”.
Los coordinadores parlamentarios emitieron un pronunciamiento oficial titulado “Por la defensa de la soberanía del Poder Legislativo”. Ahí, los jefes de las bancadas de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, Movimiento Ciudadano y PRD informaron a los magistrados electorales que atender su instrucción implicaría “una afectación significativa a los derechos de 664 ciudadanas y ciudadanos” ya inscritos en el proceso para renovar las consejerías del INE.
Y así, partidos que normalmente tienen diferencias irreconciliables, esta vez fueron unidos por el pacto patriarcal.
Al final del día se cumplió –hoy sabemos que muy a pesar de los partidos en la Cámara– con lo dispuesto por el TEPJF.
Sin embargo, esto sólo fue el anticipo del golpe que la semana pasada estuvo a punto de consumarse, cuando los hombres con poder en San Lázaro buscaron poner freno “a los excesos del Tribunal”.
Para ello, de forma increíble, opositores como el PAN hicieron a un lado la supuesta defensa del INE que los contrapunteó con el oficialismo durante meses y trabajaron en un plan en conjunto con los líderes parlamentarios de Morena, PT, PVEM, PRD y PRI.
Lo que es de vergüenza es que la lucha contra los supuestos “excesos” del Tribunal Electoral y la “violación” a la soberanía del Poder Legislativo básicamente consistía en restar a los magistrados facultades de interpretación en casos de mujeres, personas con discapacidad, poblaciones LGBT+ o indígenas que denuncien violación a sus derechos políticos, por ejemplo, en el reparto de candidaturas.
La presión ciudadana y la rebelión en el interior de las diputaciones –sobre todo en la oficial– frenaron la reforma, que fue rechazada desde un principio por Movimiento Ciudadano y luego por los partidos que integran la Alianza por México, aunque mediante tibios y ambiguos comunicados.
Pero el intento por sí solo fue alarmante. Después de que los partidos cacarearon las llamadas legislaturas de la paridad y usaron de bandera las agendas de minorías, en la primera oportunidad buscaron desandar el camino andado, dando muestra de que las acciones afirmativas siguen siendo necesarias, pues el darnos los espacios que merecemos sigue doliendo a la primera.
Urge acabar con el pacto patriarcal, que los hombres fuertes de los partidos entiendan que mujeres y minorías llegamos para estar en el juego… y no vamos a salir tan fácil. No más la comodidad de nuestro silencio.