La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió y turnó a comisiones dos iniciativas del Ejecutivo federal, en materia de simplificación orgánica, por lo que desaparecerían 18 órganos.
La primera, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de distintos ordenamientos, a fin de racionalizar la estructura orgánica de la Administración Pública Federal (APF), con el fin de eficientar los recursos públicos, agilizar los procesos administrativos y aprovechar los bienes nacionales adecuadamente.
Se propone la fusión, integración o extinción de 18 órganos desconcentrados, organismos descentralizados, fideicomisos o unidades administrativas y la transferencia de sus funciones a secretarías de Estado.
Entre estos se encuentran: la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, el Fideicomiso de Fomento Minero, los Servicios Nacional de Inspección y Certificación de Semillas y de Información Agroalimentaria y Pesquera; el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección integral de Niñas, Niños y Adolescentes se incorpore al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de la Economía Social, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Dirección General de Publicaciones, el Instituto Mexicano para la Juventud, entre otros.
Dicha reorganización, añade, permitirá eliminar la dispersión de recursos públicos, para dirigirlos al cumplimiento de las funciones sustantivas del Estado, que consisten en satisfacer necesidades sociales y construir la infraestructura indispensable para el desarrollo nacional.
Menciona que el Poder Ejecutivo Federal, actualmente, se conforma de 19 secretarías de Estado, 73 órganos desconcentrados, 108 organismos descentralizados, 72 empresas de participación estatal mayoritaria, 17 fideicomisos públicos y 15 empresas productivas del Estado y subsidiarias. Se canalizó a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Gobernación y Población, para dictamen, y a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para opinión.
Otra iniciativa, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley General de Turismo, a efecto de destinar los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho para acreditar la condición de estancia referente a los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, establecido en la fracción 1 del artículo 8 de la Ley Federal de Derechos, así como en la fracción IV del artículo 43 de la Ley General de Turismo.
Se busca que dichos ingresos sean utilizados para la planeación, estudios, proyectos e inversión en infraestructura a cargo de la entidad paraestatal de la Administración Pública Federal cuyo objeto social sea la administración, operación y prestación de servicios aeroportuarios, aeronáuticos, ferroviarios, turísticos, culturales, entre otros de diversa índole.
Asimismo, para los programas que permitan la ejecución, operación, administración, contratación de bienes y servicios, adquisición de bienes, construcción, mantenimiento, modernización y aprovechamiento de los proyectos y de la infraestructura a cargo de dicha entidad.
La iniciativa propone que los ingresos que se obtengan por el cobro de los derechos referidos se destinarán al patrimonio del fideicomiso público federal sin estructura que constituya dicha entidad paraestatal en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Se modifica la integración del patrimonio del Fondo Nacional de Fomento al Turismo para suprimir de este los ingresos fiscales que se obtengan de manera proporcional por la recaudación del derecho por la autorización de la condición de estancia a las personas extranjeras, en los términos establecidos por la Ley Federal de Derechos. Fue remitida a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen y a la Comisión de Turismo, para opinión.