Por. Saraí Aguilar
¿El decreto nos salvará?
El Congreso de la Unión aprobó recientemente que se agregue un párrafo al artículo 105 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Este agregado habla específicamente sobre la ausencia de personas, por lo cual la ley ahora señala: “cuando la persona reportada sea niña, niño o adolescente, al momento de presentar la denuncia formal ante la autoridad competente y sin dilación alguna, además, se emitirá la Alerta Amber de conformidad con el Protocolo Nacional Amber México”.
Y si bien en su único artículo transitorio se indica que el decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación –lo que ocurrió el pasado mércoles–, en varios estados la Alerta Amber ya se activaba en automático al denunciar la desaparición. Tal es el caso de Ciudad de México, Nuevo León, Yucatán y otros estados que así lo señalan en su portal. Esta confusión debe de aclararse principalmente en los funcionarios estatales donde en muchas ocasiones se menosprecia la denuncia por desaparición: “se fue con el novio” , “anda de fiesta”, suele argumentarse.
No obstante, la verdadera duda es si en el país estamos actuando efectivamente contra la trata de personas, específicamente de menores de edad, o si sólo estamos agregando acciones, que si bien son valiosas, sólo representan un paliativo contra la punta del iceberg.
Las cifras oficiales muestran que los casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos sumaron cinco mil 806 en el 2022; es decir 16 reportes diarios. Las mismas cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) muestran que este delito toca en su mayoría a mujeres, pues dos de cada tres personas menores de 18 años reportadas como no localizadas en México durante el año anterior eran niñas y adolescentes mujeres, con un total de tres mil 751 (Sin Embargo 03/2023).
De acuerdo con el informe Infancia Cuenta en México 2022: Niñez y desapariciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), son varios los factores que inciden en que haya más desaparecidos menores de 18 años y que involucran a varios actores, así como tipos de modus operandi.
Entre ellos se encuentran el secuestro, la trata de personas y la explotación sexual. No sólo eso, sino que la delincuencia organizada utiliza la pobreza para reclutarlos e integrarlos a organizaciones criminales.
“El informe advierte que el Estado mexicano está obligado a ampliar las investigaciones para conocer qué sucede mientras las víctimas estaban desaparecidas. Ello, debido a que las carpetas de investigación se cierran cuando los menores desaparecidos son localizados y el 79.9 por ciento de los infantes aparecen con vida” (Radio Fórmula 2022).
No todo son decretos. Se debe de actuar con precisión y capacitación, dar los recursos materiales y los que sean necesarios para cuidar de las infancias. La pregunta es si esto se estableció en el DOF o no.