Por. Alfonso García Pérez
La definición más simple, o en su sentido más amplio (Lato sensu), de un gobierno de coalición, es: Aquel gobierno que es producto de una alianza de más de un partido político. Eso ha existido casi siempre, en casi todos los países democráticos; las alianzas de partidos para contender en elecciones, y no representa una novedad ni misterio alguno, sobre todo porque esas alianzas son a partir de partidos con la misma ideología política, o por lo menos parecida.
Surge ahora la necesidad de otra definición o aclaración:
¿Cuáles son las ideologías de los partidos políticos?
¿Por qué y cuándo son de izquierda, de derecha o de centro?
¿Liberales o conservadores?
Pues básicamente la diferenciación es a partir de las propuestas económicas, del programa económico, y de la plataforma económica que propongan y registren los partidos para ofrecer a la ciudadanía.
Sin embargo, la desesperada lucha por el poder personal y la demagogia que se ha generalizado en las repúblicas modernas, han pervertido mucho a las geometrías políticas de los partidos y de sus candidaturas, y en realidad no queda muy clara su ideología, y tampoco hay garantía de que sean congruentes con ésta, de la misma manera en que sus promesas y las plataformas ofrecidas habitualmente no son cumplidas. Y con un agravante mayor: Ya no les preocupa mucho a los políticos su formación ideológica, económica y administrativa, sino sólo su capacidad de cautivar, de convencer, de manipular y hasta de engañar a la población para obtener sus votos, por lo que el proyecto de gobierno es lo de menos, pues ya se verá qué hacer en la realidad una vez ganadas las elecciones, sobre en todo en las oscuras negociaciones con los grandes grupos de poder económico y con las mafias.
Sólo se ofrece lo que el pueblo, con su ignorancia, quiere escuchar. Y si no hay educación política a las personas que son candidatas, mucho menos la hay o la habrá hacia la población.
Pero como sea, lo que define a la ideología de un partido político o de una persona es el modelo económico enarbolado, y tales modelos económicos se distinguen a partir de la intervención que tengan los gobiernos, o Estados nacionales, en la economía.
Cuando el gobierno interviene mucho en la economía, incluso al grado de que se le llama “Rectoría económica del Estado” o economía mixta, se le considera un gobierno de izquierda, y cuando en el modelo no se permite mucha intervención del gobierno en la economía, sino que se deja que sean las empresas y los consumidores los que determinen el destino económico de una nación, sin mucha regulación central, se considera que es el modelo de derecha.
Y es que se supone que la “Economía de mercado” (apodada por el científico social Carlos Marx como “Capitalismo”), funciona libremente sin regulación de parte del gobierno, a través de la competencia entre los factores económicos, y se ha comprobado a través de la historia que, eleva de manera constante a la producción de bienes y de servicios, transforma más eficazmente a la naturaleza, y genera más riqueza que los otros modelos económicos anteriores y posteriores.
Pero también es un hecho que este modelo termina beneficiando a quienes cuentan con más capital por invertir, concentrando éstos a la mayor parte de la riqueza, lo que impide el desarrollo de las pequeñas empresas y de la clase trabajadora, que se sumen en la pobreza, a pesar de que este modelo eleva mucho a la producción. También se ha comprobado que, como no hay mucha regulación económica del gobierno con este modelo, los daños al medio ambiente son mayores, los cuales, combinados con el exceso de población, pueden llevar a corto plazo a la total destrucción de la superficie terrestre – biósfera.
En cambio, cuando interviene en la economía el Estado nacional, que se supone representa a toda la población y a los intereses de toda la sociedad, y no sólo a los grandes capitalistas; garantiza a la fluidez de mercados, al desarrollo de la clase trabajadora y de las pequeñas empresas; y evita a los monopolios privados y a las contradicciones ya mencionadas, ya sea redistribuyendo a la riqueza con servicios del gobierno, o evitando a la injusta concentración de la riqueza desde su acumulación. Y por supuesto, previene a la destrucción del medio ambiente.