El Pleno del Senado de la República aprobó, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, cuyo objetivo es establecer y regular las medidas, acciones y procedimientos para preservar la seguridad y la soberanía e independencia nacionales del espacio aéreo mexicano.
Dicha propuesta, aprobada en lo general con 63 votos a favor, 40 en contra y cinco abstenciones, y en lo particular con 62 a favor y 43 en contra, establece mecanismos de coordinación interinstitucional para aprovechar las capacidades y recursos civiles y militares con que ya cuenta el Estado Mexicano para este fin.
El ordenamiento de nueva creación establece que el Ejecutivo Federal será quien garantizará la soberanía de la nación sobre el espacio aéreo mexicano, por medio de la vigilancia y protección coordinada que sobre éste realizan las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Dispone que la Secretaría de la Defensa Nacional coordine la participación de las autoridades para que coadyuven en la vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano, en el ámbito que compete a la seguridad nacional.
El proyecto, que fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales, crea el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, organismo que vigilará las maniobras de vuelo como no activar su código transponder o apagarlo durante el vuelo, cambiar de ruta sin motivo aparente, no establecer comunicación con los servicios de control de tránsito aéreo previstos por la autoridad aeronáutica o con el Centro.
Además, contar con información de plan de vuelo, registrar cambios erráticos de velocidad, altura, rumbo o realizar maniobras inusuales, sobrevolar una zona restringida, prohibida, peligrosa, de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano y de identificación de defensa aérea, y cuando una aeronave se encuentre en situación de emergencia.
El Centro considerará como vuelo no autorizado, cuando la traza de interés no fuera identificada y cuando las aeronaves no cuenten con un plan de vuelo autorizado por la autoridad aeronáutica, ni aprobado por los Servicios de Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano.
La Ley considera vuelo clandestino, cuando la tripulación de una aeronave no cuente con un plan de vuelo autorizado antes del despegue o aprobado durante el vuelo, para evitar ser detectado, eluda o desobedezca a la autoridad y cuando incurra en desacato.
También cuando no exhiba de manera visible o no sea posible visualizar por medio de electro ópticos los distintivos de nacionalidad y matrícula de la aeronave, aterrice en un lugar distinto al establecido al plan de vuelo sin dar aviso, y cuando se localice la aeronave en una superficie terrestre o marítima diferente a un aeródromo o helipuerto.
Asimismo, se crea el Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano, el cual tiene por objeto la coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que lo integran, para inhibir y contrarrestar las operaciones aéreas ilícitas que atenten contra la seguridad nacional.
Ese Sistema lo integrarán la Secretaría de la Defensa Nacional, quien coordinará el Sistema, a través de la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana y la Comandancia del Centro Nacional para la Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo; la Secretaría de Marina, a través de la Dirección del Centro de Mando y Control de la Armada de México.
Además, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través de la Agencia Federal de Aviación Civil y los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por medio de la Guardia Nacional y Centro Nacional de Inteligencia; así como la Secretaría de Gobernación, por medio el Instituto Nacional de Migración.
El Consejo Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo será la instancia superior responsable de emitir las políticas de coordinación e intercambio de información entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para garantizar la protección del espacio aéreo mexicano, bajo los principios de legalidad y certeza jurídica.