Por. Ivonne Melgar
Más allá de pleitos mediáticos, reflectores y declaraciones tronantes, la Cámara de Diputados deberá resolver en los próximos 60 días una de las encomiendas más importantes que la Constitución le asigna: el relevo escalonado de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).
Esta vez tiene que reemplazar a los cuatro consejeros que concluyen sus encargos el próximo 4 de abril: Lorenzo Córdova, Adriana Favela, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz Saldaña.
Quedan dos meses para reformular la convocatoria como lo instruyó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); terminar de integrar el Comité Técnico de Evaluación que habrá de revisar la idoneidad de los aspirantes, examinarlos, entrevistar a los finalistas y formular las cuatro quintetas con los 20 mejores perfiles; y definir en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) quiénes gozan del mayor consenso para conseguir en el pleno el aval de las dos terceras partes de los diputados.
Si bien se asoma entre los rudos de la autoproclamada 4T la tentación de conformarse con un INE trunco, bajo el argumento de que siete es un buen número, como lo pretendía la reforma constitucional del Presidente de la República en la materia, lo cierto es que el conductor clave de este proceso, el jefe de los diputados de Morena y presidente de la Jucopo, Ignacio Mier Velazco, abrió esta semana las posibilidades de la construcción de un acuerdo.
Primero, el morenista aceptó atender la resolución que el TEPJF confirmó el 23 de diciembre y que calificó de inaceptable, amagando con juicio político para los magistrados electorales por considerar que podrían incurrir en prevaricato, porque les pidieron a los coordinadores parlamentarios que hiciera una nueva convocatoria precisando los términos en que habrá de definirse la quinteta de finalistas para el consejero presidente del INE.
Ayer, el Tribunal envió respuesta a la Jucopo: recibirán en la sede de este órgano a los coordinadores para darles el derecho de audiencia que tienen.
La resolución del TEPJF indica que, además de diferenciar la renovación de la presidencia del INE de las otras tres consejerías; el proceso deberá garantizar la paridad de género, y reforzar la autonomía del Comité Técnico de Evaluación, pues la convocatoria impugnada le imponía a éste la entrega de informes a los coordinadores durante las fases de selección.
Mier Velazco también abrió este jueves una rendija para el ejercicio de la política que tanto él como el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, habían proscrito, alegando que la mejor opción era insacular a los futuros consejeros.
Pero antier el presidente de la Jucopo ventiló la posibilidad de que mediante un acuerdo se determine que el sucesor de Lorenzo Córdova podría seleccionarse entre los siete consejeros que se quedan: Norma de la Cruz, Martín Faz, Carla Humphrey, Jaime Rivera, Uuc-kib Espadas, Dania Ravel y Claudia Zavala.
“Falta determinar, en una revisión puntual jurídica, si en esta convocatoria, si sale así el acuerdo con mayoría amplia de todos los grupos parlamentarios, con relación al tema de la presidencia del INE, lo cual, creo yo —por eso hay que revisarlo puntual y jurídicamente— violentaría los derechos de los otros consejeros que actualmente están en función y que la Constitución les permite que participen para ser presidentes del Consejo General”, expuso.
El sentido común dicta que la propuesta de Mier Velazco preservaría que, en la contienda más compleja de la historia, en 2024, contemos con un consejero presidente experimentado.
A todos conviene que el presidente de la Jucopo logre construir un buen acuerdo para la renovación del INE, como en su momento lo hizo Mario Delgado en 2020, gracias al apoyo de los coordinadores de oposición que antepusieron el valor de aprobar por consenso a los cuatro consejeros nombrados entonces: De la Cruz, Faz, Espadas y Humphrey.
Por lo pronto, el jefe de los morenistas tendría el respaldo del PT y del PVEM, pero también del coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, quien coincide con Mier en la idea de que los actuales consejeros pueden ocupar la presidencia y tienen derecho a aspirar al cargo.
¿Qué harán Rubén Moreira, Jorge Romero, Luis E. Cházaro, al frente de las bancadas del PRI, PAN y PRD? ¿Se negarán al acuerdo político que venían reclamando?
¿Comprenderá la 4T que la autonomía que no pudo romper con una reforma constitucional tampoco podrá ser sometida con una designación a modo?
Habrá voces que consideren que ese acuerdo es inviable porque los consejeros en funciones deben cubrir ciclos precisos; otros cuestionarán que el potencial arreglo sería sólo para los afines a Morena: Norma de la Cruz o Martín Faz; o que esta zanahoria busca desactivar las impugnaciones que los 11 integrantes del INE anunciaron que interpondrán contra el llamado plan B electoral.
Con el tiempo en su contra, los coordinadores de las siete bancadas parlamentarias tienen dos opciones: acelerar el paso siguiendo la ruta del 41 constitucional, auxiliándose del pegamento de los acuerdos políticos, o tirar la toalla dejando la operación de las elecciones de 2023 y las federales y presidenciales 2024 en sólo siete consejeros electorales.
La disyuntiva es clara: cumplir con la Constitución o pasar a la historia como la Legislatura que fue incapaz de garantizarnos la renovación de un árbitro autónomo y creíble en la disputa equitativa del poder en las urnas. Una Legislatura que le falló a la democracia.