Por.- Gerardo Galarza
Las actividades preelectorales ilegales de las tres “corcholatas” -el lenguaje es del titular del Poder Ejecutivo federal- que buscan la candidatura del partido del gobierno a la Presidencia de la República comienzan a marcar ya la agenda política nacional y así será durante todo el presente año.
Las actividades político-electorales fuera de los tiempos legales de los secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores y de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México seguirán siendo el circo diario o semanal, que también pretende hacer creer a los mexicanos que no hay mayor problema en el país que la sucesión presidencial. “El juego que todos jugamos”, se le decía antes: ni violencia, ni inseguridad, ni narcotráfico, ni corrupción, ni inflación, ni deuda externa, ni falta de medicinas y de servicios de salud, ni nada, ni por supuesto “incidentes” diarios en el Metro, más todos los problemas acumulados y que se acumulen.
Hoy está muy claro el origen y objetivo de la fracasada reforma electoral del actual gobierno y su sustitución por el llamado Plan B de modificaciones en la legislación correspondiente, que ya está en litigio en la cada día más desprestigiada Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Hay que reconocer que la normas electorales mexicanas son muy restrictivas. Muchas de ellas no existen ni existirían en ningún país donde se practique la democracia verdadera. Y esto un buen pretexto para cambiarlas, lamentablemente con el objetivo de volver atrás.
La exageración, si así se le quiere llamar, de las leyes electorales mexicanas con respecto a la intervención del gobierno, funcionarios públicos, políticos, empresarios, caciques locales, se debe a los abusos de casi 70 años del el partido oficial de entonces como lo hoy es Morena, en los procesos electorales.
El PRI de siempre aprovechó su poder absoluto para aplastar a la oposición (la legal, el PAN, y la clandestina, la del Partido Comunista Mexicano, que apenas obtuvo su registro para las elecciones de 1979 con otras agrupaciones políticas de diverso signo, que poca oportunidad tenían siquiera de competir): controlaba a la autoridad electoral: la Comisión Federal Electoral en manos del secretario de Gobernación; el dinero para las campañas políticas que salía de erario (el PAN se financiaba con rifas de automóviles, cuotas de militantes y, se decía, con aportaciones de los empresarios y sus campañas casi corrían a cargo de sus candidatos y sus amigos; y el PCM con cuotas de sus militantes, las exiguas ganancias de algunas empresas propias y también la aportación impensable de empresarios que buscaban crear contrapesos, según le contó un destacado dirigente comunista al escribidor bajo el secreto del off the record).
Pero, por supuesto que los mismos empresarios que “colaboraban” con la oposición apostaban su resto a los candidatos que siempre ganaban las elecciones: los del partido del gobierno.
Además, través de la autoridad electoral, la CFE/Secretaría de Gobernación, el gobierno y sus partido controlaban el padrón electoral, las autoridades locales, las casillas y a la mayoría de los ciudadanos, los notarios, el cómputo y lo que fuera necesario. Y, por supuesto, el fraude electoral el día de la elección mediante diversos “métodos”. Resultado: La aplanadora electoral, “el carro completo”.
Quienes lo vivieron no deberían olvidarlo y quienes lo desconocen deberían saberlo hoy cuando el nuevo partido oficial y su gobierno intentan regresar a ese pasado.
Mediáticamente ya lo consiguieron con el inicio del espectáculo, que viola la ley por la que lucharon millones de mexicanos.
Ahí la llevamos, de reversa.