Por. Ivonne Melgar
Hace 38 días quisieron asesinar al periodista Ciro Gómez Leyva. Fue un ataque a la libertad de prensa, un atentado que puso en riesgo la vida de uno de los comunicadores más importantes del país y una evidencia de la vulnerabilidad ciudadana y del gremio frente a la que el Congreso ha sido incapaz de ejercer su función de órgano del Estado.
Porque en ese Poder Legislativo, donde la omisión se da hasta con las palabras, proscribieron el término atentado para sustituirlo por “agresión” en el documento que Morena aprobó como dictamen y que posteriormente se negó a llevar al pleno para su votación definitiva este miércoles 18 de enero.
Y es que son los diputados y senadores del partido en el poder y sus aliados del PT y del PVEM quienes tienen la última palabra cuando se trata de suscribir pronunciamientos públicos. Así que, haciendo uso de su hegemonía, los morenistas se encargaron de exaltar en ese proyecto de dictamen las investigaciones realizadas por el gobierno de la CDMX.
Y aunque nunca fueron promotores de este Punto de Acuerdo o Exhorto –como se le denomina en el lenguaje parlamentario a esas comunicaciones dirigidas a otros poderes o niveles de gobierno–, los representantes de la autoproclamada cuarta transformación sí eliminaron los aspectos contrarios al discurso oficial.
Por lo tanto, esta semana Morena le cerró el paso a la propuesta de Acción Nacional de incluir en el exhorto al Presidente de la República para que cese en sus ataques a la libertad de pensamiento y expresión de ciudadanos y periodistas.
Debemos recordar que el atentado ocurrió el último día del periodo ordinario de sesiones. Y que, a partir de entonces y hasta el próximo 31 de enero, la sede del Congreso recae en la Comisión Permanente, que conforman 37 legisladores: 18 senadores y 19 diputados. De manera que fue en la primera asamblea de esa Comisión, el 21 de diciembre, cuando se propuso condenar el intento de asesinato y reclamar una respuesta de Estado, a iniciativa de los coordinadores del PRI, el diputado Rubén Moreira y el senador Miguel Osorio, y los legisladores del PAN.
El atentado contra Ciro Gómez Leyva cimbró a ciudadanos, activistas de derechos humanos y a los medios, evidenciando a nivel internacional la crisis de impunidad y seguridad en México, al tiempo que el presidente López Obrador acuñaba la versión política que ayer coronó afirmando que fue un sabotaje a su gobierno, porque los agresores querían desestabilizarlo.
Supeditada a ese discurso oficial, la mayoría legislativa no consideró que la condena fuera un asunto de urgente y obvia resolución, y mandó las propuestas a la comisión que preside el diputado Amílcar Sandoval (Morena), quien hasta este martes 17 de enero citó a los legisladores para discutir el suavizado dictamen que todas las fuerzas parlamentarias respaldaron, quedando así:
“La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena la agresión sufrida por el periodista Ciro Gómez Leyva la noche del jueves 15 de diciembre de 2022. La Comisión Permanente reconoce las investigaciones realizadas por el Gobierno de la Ciudad de México, por medio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
“La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que, en ejercicio de sus atribuciones, continúen con las investigaciones de la agresión en contra del periodista Ciro Gómez Leyva, y se persiga a las personas responsables materiales e intelectuales de estos hechos para que sean juzgados conforme las leyes aplicables”.
Se esperaba que, en la sesión del miércoles, el pleno reunido en San Lázaro aprobara este pronunciamiento con mensajes de apoyo, en un acto de defensa plural a la prensa libre, indispensable en una sociedad democrática.
Se impuso, sin embargo, la mezquindad y la indolencia. Porque sucede que el diputado Sandoval, que tanto había pedido no politizar el tema el día anterior, terminó haciéndolo al no enviar el dictamen a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.
El diputado presidente Santiago Creel Miranda (PAN) lamentó la ausencia del asunto en el orden del día y ofreció una explicación: “No hemos contado con el apoyo necesario para traer el tema al pleno (…) Vamos a seguir insistiendo en construir esa unidad plural entre todos nosotros para que se genere un contexto de exigencia, no solamente en lo social, no solamente en el gremio periodístico, sino en nuestra casa, que es el Congreso de la Unión, representado por la Comisión Permanente”.
Por conducto de la diputada Jaqueline Hinojosa, el PRI alzó la voz ante el frustrado exhorto, señalando que hace falta avanzar en la determinación del motivo y de quién estuvo detrás de la orden del atentado contra Gómez Leyva.
¿Por qué si pueden ponerse de acuerdo para designar ministros, comisionados y subgobernadores, no quieren hacerlo para desmentir que estamos huérfanos ante los asesinos a sueldo?
Unos consideran que proteger a los periodistas es descobijar una candidatura presidencial y otros se distraen fatigados en sus alianzas electorales. O de plano les vale.
Queda sólo una oportunidad, la sesión del martes próximo, para que esta sede del Poder Legislativo tenga la decencia de intentar la obligada defensa de las palabras frente a las balas.