Por. Ivonne Melgar
Mientras los juristas revisan, con el rigor que amerita, si la reforma electoral secundaria contraviene la Constitución, se asoma en el Senado el fin de la resistencia.
Siendo un paquete de cambios que Morena y sus aliados pueden concretar, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural poco harán ante el llamado que lanzó Lorenzo Córdova desde el INE: “Le toca al Senado corregir el rumbo (…) Ojalá surja una propuesta que consolide a la democracia y no que avale la destrucción”.
Acaso el consejero presidente dirigía su SOS a Ricardo Monreal, jefe de los morenistas y que ha prometido velar por un árbitro electoral autónomo.
Pero esa posibilidad se diluye porque la proscripción de Palacio Nacional hacia el zacatecano ha ido reduciendo el círculo de sus leales y en la bancada morenista se habla de un pacto que habría conjurado tentaciones de cambio de camiseta en el líder parlamentario.
No fue casual el tuit que este 7 de diciembre compartió el senador Félix Salgado Macedonio, muy querido por el presidente López Obrador y cuya cancelación de candidatura a gobernador en el INE y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) inspiraron el cercenamiento de esa atribución en el denominado plan B.
“Confirmado: Monreal no se va de Morena”, escribió el guerrerense.
Y la predecible aprobación del proyecto de decreto parecería ser la coyuntura perfecta para que la próxima semana se confirme la filtración tuitera de Salgado Macedonio.
Con prisa, los senadores morenistas comenzarán este lunes la dictaminación de la reforma electoral con el acompañamiento del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, desplazando o compartiendo –en el mejor de los casos– la conducción con un Ricardo Monreal que –según prevén los de su partido– esta vez no intentará lo imposible: debatir y mejorar el proyecto que los diputados enviaron.
Así que el plan B presidencial quedará aprobado antes del jueves 15, cuando concluirá el periodo legislativo.
Y será obligado para la oposición y especialistas pasar de los visos de inconstitucionalidad al sustento serio.
Por lo pronto, consejeros y expertos en el INE sostienen que el plan B contraviene el Artículo 41 al desaparecer las Juntas Ejecutivas Distritales y el Servicio Profesional de Carrera del INE, así como el Artículo 53, que establece la existencia de 300 distritos electorales, ya que las modificaciones los reducen y obligan a despedir a 1,200 de los 1,500 vocales distritales, privando al Instituto del personal calificado necesario para su labor.
El senador Germán Martínez, del Grupo Plural, está cierto de que la mera presentación del plan B violó la Constitución en su Artículo 72, el cual contiene la prohibición de insistir inmediatamente en cambios que fueron desechados, como sucedió este martes en que la oposición enterró la reforma constitucional bajo la consigna de que “el INE no se toca”.
El presidente de la Mesa Directiva de los diputados, Santiago Creel Miranda (PAN), coincide en esas violaciones y se dice seguro de que el procedimiento atropellado en el que salió adelante la reforma en San Lázaro es causa suficiente para invalidarla en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde existe vasta jurisprudencia respecto a la gravedad en que se incurre cuando se le dispensan los trámites a cambios que exigen una deliberación democrática.
El senador Damián Zepeda (PAN) adelanta que en tribuna denunciará la peligrosa inconstitucionalidad de la transferencia de votos en las coaliciones, porque permitiría que artificialmente los partidos pequeños mantengan el registro y, en un reparto fraudulento de legisladores plurinominales, los grandes logren una sobrerrepresentación a través de sus aliados.
Al panista también le apura el debilitamiento de las facultades del INE y del Tribunal Electoral para cancelar candidaturas, castigar actos anticipados de campaña y el despliegue de propaganda gubernamental que interviene en las contiendas.
Pero quienes hilvanan las resoluciones del TEPJF sugieren calma, porque, dicen, aun cuando las secundarias reformadas desafían a la Constitución, ésta sigue ahí con sus artículos 35, 41 y 134, amparando los derechos políticos de contar con una disputa equitativa del poder.
Otra es la pesadumbre del maestro Diego Valadés quien, a la pregunta en torno a la probable inconstitucionalidad de la reforma, respondió que no quería prejuzgar, pues sigue estudiándola.
“La forma como fue aprobada no fue ilegal, pero sí fue indecorosa. Estamos ante un espectáculo de precipitación abyecta que daña la ya mermada confianza en las instituciones y, en especial, en la Cámara de Diputados”, evaluó el exprocurador.
“Por fortuna, ha habido expresiones de dignidad por parte de algunas de las minorías; algo nos queda de institucionalidad en el país”, ponderó el jurista.
Nos falta ver el tamaño de la abyección en el Senado.
Y que no haya ilusos, porque, sin duda, habrá desilusionados.