Por. Ivonne Melgar
Cuando Laura Carrera concluyó su gestión en Atención Ciudadana de la Presidencia de la República se quedó con una enorme frustración:
Nunca pudo ayudar a las mujeres que llegaban a contarle el horror de haber sido separadas de sus hijos por hombres con poder político/económico que les permitía cerrarles, de manera literal, todas las puertas: desde las de su casa hasta las de la justicia.
La funcionaria feminista buscó alternativas para apoyar a esas madres violentadas, incluyendo la de visibilizar mediáticamente sus historias. Entonces, tampoco desde el periodismo pudimos respaldarlas. Porque si bien mis editores eran audaces y valientes, aquellas tragedias se consideraban asuntos privados.
Hoy que, gracias a la socialización de nuestros vigorosos feminismos, podemos sumar las aportaciones de abogados, activistas, legisladoras y el reclamo de tantas víctimas, podemos sostener que lo personal también es político.
Tres lustros después, sabemos que esa violencia denominada vicaria por Sonia Vaccaro, psicóloga clínica y forense, es una de las manifestaciones más grotescas del pacto patriarcal.
Y desde esa perspectiva, en las próximas horas, diputadas de todas las fuerzas partidistas están llamadas a sacar adelante una reforma que desnormalice, nombre, inhiba y castigue ese acto de machismo que busca dañar a una mujer, arrebatándole el derecho a la crianza y a la convivencia de y con sus hijos.
Al frente de la Comisión de Igualdad de Género en San Lázaro, Julieta Vences (Morena), nos confirmó que el 8 de diciembre habrá de aprobarse el dictamen que define e incorpora a la violencia vicaria en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Sería un primer paso para que pronto, esperamos que en 2023, se incorpore el delito en el Código Penal Federal y pueda contarse con instrumentos que rompan en los juzgados la complicidad misógina que sigue trivializando la paternidad irresponsable y cierra los ojos ante el ruego de las madres despojadas de sus hijos.
Por lo pronto, en el borrador del dictamen que la diputada Vences busca sacar adelante por consenso, como ha sido el caso de las reformas concretadas en esa Comisión en la actual legislatura, se prevé dejar en la ley que la violencia vicaria sería castigada con prisión de entre seis meses y seis años.
Iniciado hace medio año, este proceso parlamentario se nutrió de 13 iniciativas y, lo más importante, del diálogo con las colectivas de víctimas que actualmente ascienden a unas seis mil mujeres que conscientemente asumen y afrontan esta violencia.
Sería patético que el enredo electoral entrampara a los diputados, al grado de concluir el próximo 15 de diciembre el periodo de sesiones sin responderle por unanimidad a estas mujeres que todavía requieren un tramo largo por andar.
Resulta urgente que la Cámara de Diputados cierre la jornada del activismo que iniciamos el 25 de noviembre con una reforma digna de estas madres que sufren lo que José Antonio Oloarte Atanasio considera “una violencia contra la mujer ejercida por el poder con anuencia del Estado y la complicidad de la sociedad”.
Aliado en esta causa después de acompañar a varias víctimas de esta violencia, me comparte una definición escalofriante: “La violencia vicaria es un patrón de conducta en exparejas de mujeres que usan a sus hijos e hijas para dañarlas y causarles sufrimiento; una forma de abuso en complicidad con agentes del Estado para controlar y violentar a aquellas que han logrado escapar de su asfixiante yugo”.
Cabildero profesional en el Congreso, Oloarte Atanasio nos cuenta que agresor, abogados y autoridades fabrican delitos contra las madres: robo, violencia familiar, abandono de hogar, abuso de confianza, allanamiento de morada, con el fin de obtener la guarda y custodia definitiva de los hijos y evitar el pago de las pensiones correspondientes.
Diana Luz Vázquez Ruiz, impulsora de la Ley Sabina para contar con un registro de deudores alimentarios, lo confirma: 80 por ciento de los de agresores vicarios antes del despojo habían dejado de pagar la pensión.
Me alerta que el avance en la ley es sólo diez por ciento en un México donde el presidente del Tribunal de Justicia de la CDMX, Rafael Guerra, se da el lujo de faltar al anuncio de la reforma capitalina que castiga la violencia vicaria.
Y es que, como lo ha constatado Olarte Atanasio, existe una violencia vicaria institucional que se traduce en dilación de los juicios, retraso o entorpecimiento en los procesos de investigación; así como arrebato, sustracción, ocultamiento y manipulación de los hijos con complicidad del Estado.
“No puede existir violencia vicaria sin la participación de ministerios públicos y jueces de lo familiar y penal, que con sus resoluciones favorecen a los padres en perjuicio de las mujeres y los niños”, nos advierte.
Y aunque ahora los medios registran las historias que antes se quedaron silenciadas, la frustración persiste, porque la justicia sigue pendiente para las mujeres que decidieron gritar las suyas.
Como Mayte López, exesposa del senador Noé Castañón, quien sigue esperando abrazar a sus tres hijos desde hace seis años.
Si los diputados así lo quieren, la reforma llegará al Senado, entonces veremos si el representante de Movimiento Ciudadano tiene el cinismo de votar a favor, sin antes no reparar en su delito.