Por. Fernando Coca
Durante las últimas semanas he tratado de encontrar una motivación clara, contundente, además de irrefutable para reformar las leyes electorales que nos rigen y no la encuentro.
El tema de que se gasta mucho en la democracia no me convence, por el contrario, creo que es la mejor inversión que cualquier país debe tener.
Si el tema es que hay que bajar los salarios de los consejeros electorales o disminuir el número de los miembros del Consejo General, creo que hay mecanismos que podría utilizarse sin tener que reformar.
Preocupa que la propuesta de MORENA elimine el financiamiento público y privilegie el privado. Sostener a los partidos con dinero público regula y evita que dinero negro sirva para llenar los ayuntamientos, las cámaras legislativas y gubernaturas de intereses ajenos a la legalidad. El dinero privado poco a poco alejaría al pueblo de los cargos pues solo el que tenga forma de allegarse recursos financieros podrá ser candidato.
Menos recursos para los partidos, sí, pero también menos requisitos para el registro de los mismos. Tantos partidos como causas de la sociedad.
La reducción de regidores, diputados locales y federales y senadores, aunque podría sonar atractivo para las gradas, se estarían reduciendo los espacios de representación para las minorías, que son las que dan, paradójicamente, legitimidad a un Estado democrático, plural, representativo y popular.
Lo que menos me gusta es la propuesta de “elegir” a los consejeros y a los magistrados electorales. No es lo mismo votar por un diputado, un gobernador o un presidente de México, que determinar quién puede ser arbitro y juez de un proceso que debe garantizar que esa elección esté blindada por la ley.
La humanidad ya pasó por la peor elección, en un proceso para hacer justicia, que nos dejó la mayor lección de que el pueblo, cuando es consultado y no está preparado para ejercer la ley y hacer justicia, deja libre al delincuente y sacrifica al inocente: Barrabas se fue a su casa y Cristo terminó en la cruz.
La Letrina. Vaya estupidez la que hicieron en el INE: mandar a hacer una encuesta para medirle el agua a los tamales y ver cómo andaba el ánimo de la gente con la reforma electoral. El 35 constitucional es claro y los temas electorales no son sujetos a consultas populares.