El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) detallaron que existen inconsistencias en los mensajes de WhatsApp entre supuestos integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos, presentados por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ) del Caso Ayotzinapa, en agosto pasado.
“Las capturas de pantalla no son consistentes y no pueden ser usadas como prueba judicial”, señaló la experta Claudia Paz y Paz.
En conferencia de prensa, los especialistas del GIEI dieron a conocer los resultados de peritajes sobre dichos textos y detallaron que no es posible garantizar la autenticidad de estos mensajes relacionados con la desaparición de lo 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Tampoco es posible verificar el dispositivo donde está configurada la cuenta de WhatsApp”, apuntó Carlos Beristáin, integrante del GIEI.
Agregó que “se muestran diferencias en la escritura en la aplicación de los mensajes; no pueden considerarse como una prueba digital y no garantizan la originalidad”.
“Se han desencadenado hechos e informaciones que han aumentado la perplejidad, y pone en riesgo los avances”, destacó Beristain al urgir a “retomar el camino para avanzar en una investigación seria”.
Por su parte, Francisco Cox Vial apuntó la existencia de un doble check azul en algunos mensajes presuntamente capturados en octubre de 2014, cuando esta opción fue incorporada en noviembre de 2014 por WhatsApp.
“Se puede evidenciar que hay mensajes omitidos en enero de 2015 (…) no existe confiabilidad en la imagen (…) y los mensajes analizados no pueden considerarse como una prueba digital”, explicó.
“Las filtraciones o intentos de plantear como ciertas pruebas o versiones no contrastadas, corren el riesgo de generar en el futuro mayor impunidad en el caso”, destacó Cox Vial.
Sin embargo, subrayó “que nada de lo judicializado está relacionado con las capturas de pantalla de WhatsApp.
En su oportunidad, Ángela Buitrago señaló que existe el riesgo de que ante la falta de conocimiento de los nuevos fiscales “existe el riesgo de que procesos iniciados que están en momento cruciales no puedan sostenerse”.
Asimismo, comentó que continúa pendiente el acceso a documentos de inteligencia militar.
“El GIEI tiene información sobre la existencia de documentos militares de los que se ha negado esto por instancias castrenses”, refirió.
“Los recientes eventos no deben llevar a soslayar que sin duda existe prueba suficiente respecto de las autoridades acusadas por tortura y de la responsabilidad de integrantes del 27 Batallón de Infantería”, agregó Buitrago.
Finalmente, Carlos Beristain dio a conocer que el mandato del GIEI termina hoy, por lo que ha propuesto un mecanismo de seguimiento, integrado por dos de sus miembros, como medida transitoria; en tanto, dos expertos se retirarán del caso dadas las condiciones actuales.
“Se debe reconducir y corregir la actuación, poner distancia con lo hecho. México debe mostrar que la voluntad política e independencia de las investigaciones pueden caminar a la par. México sigue en deuda con los familiares, tan golpeados por versiones no verificadas. Hay un sistema de impunidad que no ha cambiado”, culminó.