A nombre del Estado mexicano, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, ofreció una disculpa pública a familiares de la abogada y defensora de derechos humanos, Digna Ochoa y Plácido.
Esta acción llega para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitida en noviembre del año pasado y en acato a las irregularidades cometidas en el marco de la investigación de la muerte de Digna Ochoa, asesinada el 19 de octubre de 2001.
“Ofrezco una disculpa pública a su familia porque el Estado mexicano no garantizó su acceso a la justicia. Ofrezco una disculpa pública por las fallas en la implementación de los protocolos especializados para la investigación de su caso; del debido proceso y las debidas diligencias”, afirmó.
Asimismo, porque su lucha y memoria no pueden ser discriminadas ni estigmatizadas por el género ni por su pertenencia social y cultural, “pues su profunda sensibilidad ante la injusticia definió su carácter militante en la defensa de los derechos humanos”, recalcó.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración manifestó el reconocimiento a la familia de Digna Ochoa por la infatigable lucha que a lo largo de 21 años ha buscado verdad y justicia.
Destacó que este acto reivindica la trayectoria de Digna Ochoa, su compromiso y labor en la defensa de los derechos humanos en el país, y la defensa jurídica de los más desprotegidos.
“Digna Ochoa dejó un legado en la defensa de los derechos humanos en su trabajo con pueblos indígenas y campesinos en Veracruz, Chiapas y Guerrero. Nos encontramos aquí para reivindicar y dignificar su trabajo. Para resarcir y dignificar su memoria”, sostuvo.
Encinas Rodríguez informó que, como lo establece la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), se implementaron las acciones necesarias para reabrir la investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable.
Ello, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las circunstancias de su muerte, y a menos de un año de la notificación de la sentencia, se avanzó en el cumplimiento de las medidas de reparación, rehabilitación e indemnización para la familia.