Esta tarde, activistas feministas se manifestaron en contra de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, en contra de la Ley 3 de 3 contra la violencia.
En una primera acción y bajo la consigna “¡Un deudor no será legislador ni gobernador!”, las inconformes clausuraron de manera simbólica las instalaciones de la CNDH, en protesta por la solicitud de la ombudsperson para eliminar la prohibición de que deudores de pensión alimenticia puedan acceder a diversos cargos por elección popular o designación en las leyes aprobadas en los estados de Yucatán e Hidalgo.
Posteriormente, las feministas que portaban mantas y fotografías con los rostros de deudores alimentarios, se trasladaron en caminata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde entregaron un documento que respalda las reformas contra la violencia impugnadas por la CNDH.
Durante el acto, Yndira Sandoval de la colectiva Las Constituyentes, refrendó: “No queremos piedras en el camino para la ley 3 de 3 que garantiza que ningún agresor tendrá poder”.
Cabe recordar que Sandoval fue la impulsora de la iniciativa 3 de 3 contra la violencia ante el INE, misma que se aplicó en las elecciones de 2021 y 2022 que incluye la prohibición electoral de violentadores sexuales y domésticos.
Por su parte, la feminista Karen Quiroga lamentó que sea la presidenta de la CNDH quien ahora pretenda disculpar a los padres que se niegan a participar en la crianza y manutención de sus hijos menores de 18 años.En las instalaciones de la SCJN realizaron un mitin e hicieron un llamado a los 11 ministros para que respalden las leyes 3 de 3 contra la violencia que actualmente avanzan en 9 entidades del país.“La ley 3 de 3 descarta corcholatas, porque no habrá ningún prestigio que alcance cuando se trate de agresores”, pronunció Yndira Sandoval al hacer uso del micrófono.
Con el respaldo de mil 350 firmas de organizaciones, colectivas y activistas entregaron en la sede de la Corte el amicus curiae, como se le denomina al documento de respaldo a una ley cuando es materia de algún litigio constitucional.
La semana pasada, colectivas solicitaron al Senado de la República la remoción inmediata de Piedra Ibarra, al argumentar que defiende a deudores alimentarios sobre los derechos de la niñez.