Por. Ivonne Melgar
En la cara de las mujeres que cargan con la ausencia del padre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha decidido que los deudores alimentarios son víctimas de la lucha feminista.
Aquí, donde el libro más vendido y llorado de Alma Delia Murillo se llama La cabeza de mi padre, la defensora de nuestras garantías constitucionales pretende atentar contra el interés superior de la infancia inscrito en el Artículo Cuarto.
“La ausencia del padre es la piedra angular de México”, declaró la escritora. Cómo no creerle si el 40 por ciento de los niños tiene un padre ausente.
Y para que sigamos normalizando este boquete, Rosario Piedra Ibarra le ha pedido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalide las leyes que le quitan tranquilidad a quienes dejan de pagar pensión.
Esa CNDH que no se ha pronunciado por el sucio proceso que hizo de Rosario Robles una presa política hace 3 años, cuando un Ministerio Público se valió de una licencia falsa que la Fiscalía de la CDMX sigue sin investigar, hoy tiene prisa por descarrilar la reforma que el Congreso de Yucatán hizo a su Constitución para que la Ley 3 de 3 contra la violencia sea vigente en los cargos de elección popular y en el servicio de la administración pública, incluyendo organismos autónomos.
Pero la comisionada Piedra Ibarra que nunca fue a la Corte a controvertir la desaparición de las estancias infantiles ni las escuelas de horario ampliado, hoy quiere frenar nuestra causa: ningún agresor en el poder.
De eso se trata la 3 de 3 contra la violencia desde que Las Constituyentes MX la impulsaron en 2020 y el INE y el Tribunal Electoral la hicieron suya en 2021 y 2023, convocando a los partidos a no postular candidatos con denuncias y sentencias por acoso sexual, violencia doméstica y política y deudas de pensión alimenticia.
Ese movimiento de activismo ciudadano y legislativo que se extendió al Estado de México, Oaxaca, Chihuahua, Jalisco, Morelos, Yucatán e Hidalgo es el que busca descarrilar la CNDH con sus inentendibles argumentos para que algunos cargos públicos, el del titular de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán incluido, queden exentos de la obligación ética mínima para un servidor público o representante popular: que honre su paternidad.
Por eso, la comisionada que dice defender al pueblo pero que se pliega a la agenda de Palacio Nacional, presentó ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad que le fue turnada al ministro Alberto Pérez Dayán.
Si todo fueran palabras, dejaría nuestra preocupación en manos de Arturo Zaldívar que reiteradamente nos comparte su compromiso de castigar las violencias contra las mujeres.
Pero ante la fuerza de los hechos, debo suscribir la confianza y la duda de la feminista parlamentaria Dulce María Sauri de que, si bien el ministro presidente puede hacer lo correcto antes de que termine su mandato al frente del poder judicial, “a veces me gustaría más cantando Mujeres Divinas que impartiendo justicia, porque la Corte puede y debe hacer mucho más por la dignidad de las mujeres”.
Impulsora del INMUJERES, la exdirigente del PRI y exgobernadora de Yucatán lamenta que sea una mujer la que nos da la espalda. Y que siendo hija de la luchadora que fundó la búsqueda de los desaparecidos, Rosario Piedra nunca fue a la Corte para defender los fondos que el gobierno destruyó y que financiaban las tareas de las madres que siguen con ese dolor.
Porque si la CNDH logra su cometido, Diana Luz Vázquez sería criminalizada y nunca se concretaría la Ley Sabina que ella propone para tener un padrón de deudores con sentencia. Y los jueces y abogados que ella y miles de activistas denuncian, por indolentes ante el derecho que reclaman, seguirán aconsejándoles que acepten migajas en un país donde la pandemia elevó en 200 por ciento las demandas de manutención y los divorcios del confinamiento parieron en 70 por ciento de los casos a padres desobligados.
Quizá Rosario Piedra desconozca que su alegato endulza los oídos de 90 por ciento de los deudores que nunca reciben una sentencia, porque sólo el 10 por ciento de las infancias obtienen una. Por eso los tendederos que Diana Luz despliega en las plazas de la República se llenan de fotografías de padres ausentes.
Ignora la CNDH que, como se lo recordó la feminista de Morena Lorena Villavicencio, en la CDMX para ser funcionario público se debe acreditar el cumplimiento con la pensión de alimentos de los hijos.
Ojalá supiera la presidenta de la Comisión que, como lo advierte Adriana Segovia, terapeuta familiar por el ILEF, detrás de cada deudor está “la brutal violencia machista que representa el desapego hacia los hijos, el desprecio hacia la exesposa y la irresponsabilidad material y afectiva de los hombres”.
Miles de mujeres habrán de movilizarse con la Constitución a su favor, para evidenciar que la funcionaria de la 4T pretende legitimar el derecho a cargos de alta responsabilidad de los agresores –acaso de su partido– sacrificando un derecho elemental de los niños: comer, estudiar, crecer y jugar siendo cuidados.
Porque como lo advierte la abogada feminista Patricia Olamendi, no puede haber un modo honesto de vivir en aquel que es incapaz de ejercerlo con su familia. Y, sí, nos vemos en la Corte. Y que los cortesanos asuman las consecuencias de sus cortesanías.