Por. Ivonne Melgar
Las elecciones de este sexenio se caracterizan por una paridad de género sin precedentes, enmarcada en la disparidad también inédita de la comunicación política.
Son novedades que cotidianamente ocupan a los partidos, autoridades electorales y ahora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Así, se espera que el próximo martes los 11 ministros voten el proyecto de su compañera Loretta Ortiz para que en Coahuila los aspirantes al gobierno en 2023 sean mujeres, adelantando la alternancia de géneros que para 2029 se estipuló en una reforma estatal en la materia.
Aunque el poder judicial de la entidad suspendió la aplicación de esa ley por fallas en el procedimiento, la mera posibilidad ha puesto de cabeza a Morena y a la coalición del PRI, PAN y PRD, porque todos sus prospectos son varones, convalidando la sospecha de que la paridad puede ser utilizada como instrumento para excluir adversarios.
De concretarse esa propuesta, los partidos se verían forzados a postular hombres para la elección del Estado de México, ya que están obligados a la paridad.
Cabe el escenario de que el género femenino predomine en los dos estados, pues en la pista mexiquense son mujeres las cartas destacadas del PRI y de Morena.
La probabilidad existe. La consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey, impulsora clave en 2021 de la paridad en las candidaturas a los gobiernos estatales, se pronunció esta semana porque ese criterio se aplique en Coahuila y en el Estado de México, adelantando que el INE tiene facultades para garantizarlo así.
El debate continuará en un México que al cierre de 2022 tendrá nueve gobernadoras, cuando en 2018 eran dos, de un total de nueve en su historia.
Y con esta creciente presencia electoral femenina, candidatos, partidos, instituciones y ciudadanos estamos aprendiendo a identificar de qué se trata la ya legislada Violencia Política por razón de Género (VPG), referente a actos que inhiben, restringen, limitan o quebrantan los derechos de representación de las mujeres por el hecho de serlo.
Llama la atención que en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hayan sido tan cautos en juzgar las quejas de la gobernadora electa de Aguascalientes, Teresa Jiménez, estigmatizada por sus competidoras como corrupta y descalificada por la biografía de su pareja.
Es una discusión en pañales e impera la idea de que esos señalamientos son en todo caso calumnias o parte de la confronta electoral y que no ameritan un juicio por VPG.
La magistrada Mónica Soto Fragoso ha sido la única voz de esa Sala Superior que viene pugnando por tomarse en serio esos agravios y pararlos, argumentando que sí lastiman los derechos políticos de las mujeres.
La polémica continuará cuando se analice la intervención presidencial en la contienda de Hidalgo por sus declaraciones en contra de la candidata Carolina Viggiano de la coalición PAN, PRI y PRD, una evidencia que podría etiquetarse como indebido uso de propaganda gubernamental y violación del principio de imparcialidad, prácticas que recurrentemente INE y TEPJF le han documentado al jefe del Ejecutivo Federal y a funcionarios de su gabinete.
El juicio de inconformidad sin embargo que la representación jurídica de la secretaria general del PRI ha presentado, solicitando la nulidad de la contienda, plantea que ella fue víctima de VPG con “manifestaciones discriminatorias, misóginas y elitistas” en las conferencias presidenciales y que ese dolo alteró la competencia con “la calumnia” de que iba a eliminar la pensión universal para adultos mayores, cuyos beneficiarios son la tercera parte de la lista nominal de electores. La candidata alega que sus palabras se manipularon y que es mentira que una autoridad local pueda modificar esa política.
Y aunque la diferencia entre la diputada federal y el gobernador electo Julio Menchaca es abismal y las anulaciones sólo proceden en votaciones cerradas, el tema de fondo es que el presidente dio la pauta para la narrativa de una campaña que descalificó a la contendiente.
Debe subrayarse que, en el reciente proceso de 6 elecciones, sólo Carolina Viggiano fue abierta y reiteradamente cuestionada desde el máximo espacio de comunicación política de la nación.
¿Se vale descarrilar una candidatura así? ¿Habrán de guardar silencio los magistrados del TEPJF? ¿Tendrá el mandatario cancha libre para repetir esta conducta en las elecciones que vienen?
El reclamo de Carolina Viggiano ilustra la paradoja de una paridad incrustada en la más dispareja disputa de la representación política, cuando el Ejecutivo Federal tiene el talento de prender el miedo en el electorado.
Se trata de una realidad que rompe cualquier pretensión de equidad, incluso para los colaboradores de López Obrador que buscan sucederlo y que ya padecen o disfrutan, según el ánimo, apapachos, gestos, silencios, convocatorias y omisiones.
¿Cómo puede el presidente conseguir que gane la encuesta su corcholata preferida?, pregunté recientemente a un enterado protagonista de la 4T.
“No veo problema alguno”, respondió, “Eso se arregla con una mañanera”.
Y, sí. También con una conferencia de Palacio se le descompuso la campaña a Carolina Viggiano.