A tres años de la creación de la Guardia Nacional (GN) y su despliegue en las fronteras norte y sur de México con fines de control migratorio, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Colectivo de Observación, el Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano y los Programas de Seguridad Ciudadana y Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso denominado amicus curiae (amigos de la corte) para respaldar la Acción de Inconstitucionalidad 62/2019 presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En el documento se exponen específicamente las facultades de control y verificación migratoria otorgadas a este cuerpo de seguridad militarizado, por los riesgos y consecuencias que tiene su involucramiento en tareas migratorias para los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional.
La acción de inconstitucionalidad 62/2019 fue promovida desde julio de 2019 por la CNDH, al señalar que diversas disposiciones de la referida Ley son contrarias a los derechos humanos; sin embargo, a tres años, la SCJN continúa sin resolverla.
En este sentido, el amicus curiae presentado este martes acerca a la Corte información documentada sobre abusos y violaciones a derechos humanos de personas migrantes y sujetas de protección internacional cometidas por esta institución, que son el resultado de la naturaleza y composición de la GN como un cuerpo militarizado, con más del 80% de sus elementos proveniente del sector castrense, así como en estructura, capacitación y mandos.
Dicha información permitirá que la SCJN, al momento de resolver la acción de inconstitucionalidad, cuente con insumos sobre los riesgos de otorgar facultades en materia de control y revisión migratoria a un cuerpo de seguridad con características y composición castrenses.
Desde su creación, la GN fue vinculada en gran medida al control migratorio, bajo una lógica de contención en las fronteras: en febrero de 2022, de 99,946 elementos desplegados en México, 15,822 fueron ubicados en los estados fronterizos con Estados Unidos y 9,298 elementos en estados de la frontera sur.1
A lo anterior se suma el despliegue de la GN para tareas de control y verificación migratoria en puntos de revisión al interior del país, como lo son retenes, estaciones de autobuses y aeropuertos. Además de haberle sido asignado el resguardo de las Estaciones Migratorias del país, en las que las personas migrantes y sujetas de protección internacional se encuentran privadas de la libertad por motivos migratorios.
En particular, se han documentado recurrentes violaciones a derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional en la frontera sur, incluyendo agresiones, abuso de la fuerza, encapsulamiento y dispersión de las personas migrantes en tránsito; uso de armas de fuego que causaron la ejecución extrajudicial de un migrante, así como casos de tortura en estaciones migratorias.