Por. Gerardo Galarza
No es la primera y seguramente no será la última, pero la imagen del retén “civil” e ilegal en la carretera Baridaguato-Guadalupe y Calvo, que detuvo al convoy de los periodistas que acompañaron al presidente de la República a una gira por aquellos lares, es una muestra patética de la indefensión que sufren los ciudadanos ante criminales, quienes gozan de la inacción en su contra del gobierno federal, obligado constitucionalmente a combatirlos.
No es porque se trate de retención de periodistas, es simplemente una muestra escandalosa del control que ya ejercen esos grupos criminales en diversos puntos del territorio nacional, retando y venciendo en los hechos al Estado mexicano.
Por supuesto que no se trata del primer grupo armado civil que retiene a ciudadanos. Tal vez ahora hubo más escándalo público por tratarse de periodistas que acompañaban al presidente de la República a una gira por Sinaloa, en una zona controlada por el narcotráfico y lugar de visitas presidenciales frecuentes.
Las retenciones de ciudadanos, los asaltos, secuestros y extorsiones de esos bloqueos absolutamente ilegales, es el pan de cada día en prácticamente todo el territorio nacional. Lo saben y los sufren quienes transitan lo mismo por supercarreteras que por caminos vecinales. La semana anterior ocurrió en asalto masivo en un libramiento de carretera de cuota en el estado de Querétaro.
Los retenes “civiles”, los bloqueos, los asaltos en autopistas y caminos vecinales y rurales es una de las muestras mayores de la grave pérdida del Estado de derecho en el país: los delincuentes saben que no enfrentarán a ninguna autoridad y que tampoco serán perseguidos por ninguna de ellas; cuentan con impunidad absoluta, que se extiende en todos los ámbitos de la aplicación de la ley y la justicia.
Pero tan grave y escandaloso como la impunidad imperante, también es ominosa la justificación que intentó el presidente de la República de la actuación de este grupo armado durante su visita al “Triángulo Dorado” (de la drogas: el vértice entre los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango), para el que propuso el nombre de “Triángulo de la gente buena y trabajadora o La Región de la buena vecindad” para evitar la estigmatización de la zona.
El grupo que detuvo al convoy de periodistas estaba integrado por unas diez personas, quienes portaban armas de grueso calibre, entre ellas las conocidas como “cuernos de chivo”.
Dijo el presidente que “afortunadamente” nada había pasado… y todos tranquilos.
El problema es que esos hombres armados, que además utilizaban uniformes tipo militar, cometieron varios delitos, que ninguna autoridad persigue ni perseguirá. Saben de su impunidad, pero sobre todo saben de su poder y lo ejercen precisamente cuando el titular del Ejecutivo Federal visita su región.
Y sean presuntos narcotraficantes, “autodefensas”, grupos criminales o simples asaltantes, ocurre lo mismo en Jalisco, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Guanajuato… por citar los más notables y recientes.
La impunidad campea por todo el territorio nacional para cualquier clase de delito, incluidos las otras dos calamidades nacionales: los homicidios y las desapariciones de personas. El absoluto responsable ella es el gobierno omiso en aplicar las leyes vigentes y en ofrecer seguridad, su principal obligación, a todos los mexicanos.
Tampoco ocurrirá nada el día que “desafortunadamente” pase algo, porque todos los días ya pasa.