El Congreso de la Ciudad de México aprobó en lo general y en lo particular las reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales local, con 37 votos a favor, 19 en contra y cero abstenciones.
Al presentar el dictamen, el diputado Temístocles Villanueva Ramos de Morena, presidente de la comisión, subrayó que la finalidad es aplicar correctamente los principios de racionalidad, austeridad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en el gasto público que ejerce el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECDMX), manteniendo a la par sus funciones esenciales y autonomía.
Agregó que la iniciativa es de fusión y eficiencia, no de desaparición y que parte de la lógica del implementar un mecanismo legal que facilite la actividad electoral, con el centro del gasto en el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos.
“Según datos obtenidos mediante transparencia del propio Instituto, es posible observar que algunas de las personas servidoras públicas que laboran en este órgano tienen sueldos mayores al de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la CDMX, lo que llama la atención sobre un posible ejercicio desbalanceado de los recursos en su operación”, mencionó el congresista Villanueva Ramos.
Ante el pleno, el legislador detalló que el gasto per cápita en materia electoral en la CDMX es elevado en comparación con el Estado de México, que con más de 16 millones de habitantes, el gasto per cápita en un año sin elecciones en materia electoral es de 93 pesos por persona; en Jalisco, con cerca de 8 millones de habitantes, el gasto por persona es de 28 pesos, mientras que en la CDMX, con poco más de 9 millones de habitantes, se presenta un costo de 130 pesos per cápita.
“Cabe señalar que, con la implementación de las reformas planteadas en el dictamen, se estima un ahorro aproximado de 50 millones de pesos al año. En ese sentido, se espera que la nueva integración de las comisiones permanentes del Consejo General impacte de manera positiva en el acceso de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos”, destacó.
Al presentar su voto particular, el diputado Ricardo Rubio Torres (PAN), afirmó que desde la Comisión de Asuntos Político-Electorales el procedimiento para aprobar el dictamen en una sesión extraordinaria fue totalmente irregular, y adelantó que por ello será impugnado.
En tanto, el diputado Diego Orlando Garrido López (PAN), advirtió que esta reforma tiene la intención es desmantelar todo el aparato electoral federal y local; además de los órganos autónomos que organizan las elecciones y adelantó que, ante las violaciones al proceso parlamentario, acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tras desechar la moción suspendida con 25 votos a favor, 35 en contra y cero abstenciones, el Congreso local inició la discusión del dictamen para reformar diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales local.
Para hablar en contra del dictamen, el diputado Rubio Torres, afirmó que el desmantelamiento de instituciones y organismos electorales daría como resultado la pérdida del estado de derecho y subrayó que frenarán por todas las vías posibles la entrega en vigor de este dictamen.
En favor del documento, el congresista Carlos Hernández Mirón (Morena), promovente de la iniciativa, aclaró que, desde las reformas constitucionales de 2014, a los órganos locales electorales se les restaron facultades, principalmente en materia de fiscalización de partidos políticos, candidatos y candidatas, sin embargo, la estructura del IECDMX no se modificó.
Por su parte, el diputado Aníbal Cañez Morales (PAN), dijo que el dictamen a discusión representa un retroceso y ataca frontalmente la democracia local, por ello advirtió que será la SCJN la que se encargue de determinar su inconstitucionalidad.
En tanto, el diputado Ernesto Alarcón Jiménez (PRI), afirmó que la reforma pone en peligro la democracia de la ciudad y que su grupo parlamentario apoyará siempre a las instituciones, “no olvidemos que los árbitros electorales cuentan con credibilidad ganada a pulso”, subrayó.
Tras afirmar que el dictamen busca adelgazar una estructura burocrática excesiva y onerosa para la ciudadanía, la diputada Martha Soledad Ávila Ventura (Morena), afirmó que no limita, ni restringe derechos, tampoco pone en riesgo la democracia, la autonomía electoral, ni menos atenta contra el sistema federal y de sus competencias.
Los diputados Jorge Gaviño Ambriz y Gabriela Quiroga Anguiano (PRD), manifestaron su preocupación por la falta de garantías a los derechos laborales de 105 trabajadores que se verán afectados con el recorte que plantea la reforma, además de que ante la falta de personal especializado tendrían que desarrollar sus labores en áreas que no les corresponden.
Por parte del grupo parlamentario del PRI, los diputados Mónica Fernández César, Maxta Iraís González Carrillo, Fausto Manuel Zamorano Esparza y Carlos Joaquín Fernández Tinoco, coincidieron en que la reforma atenta contra los derechos de los mexicanos, además de parecer una estrategia a largo plazo para desaparecer los órganos electorales; y recalcaron que para ellos es necesario contar con organismos autónomos que garanticen los derechos electorales de los ciudadanos.