Por. Saraí Arrizola
Si bien el próximo 5 de junio de 2022 estarán en disputa seis gubernaturas, Aguascalientes se distingue porque tendrá gobernadora por primera vez, ya que en esa entidad cinco mujeres fueron postuladas como candidatas.
Existen otras características especiales, además de que se romperá el techo de cristal en el estado hidrocálido. Por ejemplo, es una de las pocas veces en las que Morena no compite junto con sus aliados habituales de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM). Estos dos últimos postularon conjuntamente a Martha Márquez en una alianza que lleva el nombre “Juntos Hacemos Historia”, que en otros estados suele identificar a las coaliciones que encabeza el partido en el poder.
Si bien todas son mujeres, la guerra de lodo no se ha hecho esperar, en especial contra las punteras. María Teresa Jiménez, abanderada de la coalición Va Por Aguascalientes (PAN-PRI-PRD), ha sido quien más señalamientos ha recibido.
Este estado se encuentra también en medio de un alza de violencia de género y es de los primeros en feminicidios en el país.
Si bien se podrá cantar como una victoria feminista, la realidad es que el hecho que solo compitan mujeres fue más bien accidental o por estrategia política, que por alguna relación con la agenda de género. Esto se percibe aún más por la ausencia de propuestas concretas en torno a las mujeres.
¿Qué panorama le espera a la próxima gobernadora? Aparte de una crisis por feminicidios, recibirá un estado con una tasa de 211.2 por cada 100 mil mujeres que denuncia violencia de pareja al 911, lo que implica que Aguascalientes sea una de las entidades con el mayor número de llamadas de este tipo, de acuerdo con las cifras del SESNSP. Es también el décimo en denuncias por violencia sexual.
Este estado ha registrado la tasa en delitos sexuales más alta en el país cada año desde 2017. La incidencia durante 2020 fue casi cuatro veces superior al promedio nacional, con 652 casos por cada 100 mil mujeres, de acuerdo con el Índice de Paz 2021 realizado por el Instituto para la Economía y la Paz (IPC).
Además, la entidad mantiene cifras altas en el registro de embarazo adolescente, de acuerdo con datos del INEGI y del Consejo Nacional de Población (Conapo).
En este contexto, la agenda contra la violencia de género en la población civil debería ser el foco de las candidatas. No obstante, su prioridad ha sido la violencia política de género, pero más bien como arma de campaña.
Daniel Gutiérrez Ruvalcaba, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, aseguró en entrevista para la revista Proceso que la entidad se ha convertido en un “foco rojo”, pues en lo que va de la campaña se han presentado ocho denuncias por violencia política de género, de las que se han integrado 10 carpetas de investigación, la cifra más alta por ese delito en tiempos electorales. Si bien la presidenta del Tribunal Electoral local, Claudia Díaz, afirmó que los aparentes excesos son parte del aprendizaje al que obliga la aplicación de toda figura jurídica novedosa, autoridades locales y expertos temen el desgaste de la ley y la banalización de ésta.
El reclamo es obligado. Sin importar banderas ni bancadas se les debe pedir a las candidatas que la agenda feminista no sea una mera propaganda electoral. Que la victimización no sea herramienta de ataque, pero tampoco la reproducción del sistema patriarcal, poniéndolas a desgarrarse entre ellas.