A 16 años de los actos que desembocaron en agresiones sexuales a varias mujeres en San Salvador Atenco, son las sobrevivientes continúan exigiendo que se revierta la impunidad y que se erradique esta práctica, para que no haya más mujeres en el país que vivan violaciones a sus derechos humanos por parte de elementos de seguridad.
La búsqueda de justicia y medidas de no repetición de las mujeres sobrevivientes sigue siendo vigente, frente a un contexto en donde la tortura sexual es una práctica que persiste. Así lo reflejan datos de la última Encuesta Nacional de Personas Privadas de Libertad (ENPOL) 2021, misma que revela que el 64.4% de las mujeres privadas de libertad menciona haber sufrido algún acto de violencia después de la detención y antes de llegar ante el Ministerio Público y 39.8% sufrió alguna agresión física después de la detención, de las cuales, 15.5% refieren agresión de carácter sexual, 4.8% haber sido víctima de violación y 4.6% lesiones en órganos sexuales, en suma, el 25% de las agresiones físicas fueron de caracter sexual.
Por ello, es indispensable cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs México, resolución en la que entre otras medidas ordenó: la investigación y sanción a todos los elementos estatales y federales, incluída la cadena de mando, crear un Observatorio independiente sobre uso de la fuerza las instituciones policiales a nivel federal (hoy Guardia Nacional) y del estado de México, así como fortalecer el Mecanismo de Seguimiento a casos de Tortura Sexual. A tres años del dictado de fallo, las más sustantivas de estas medidas permanecen incumplidas.
Además, casos recientes como el de July Raquel Flores, quien fue detenida de manera arbitraria y torturada por Policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz en 2020, evidencian cómo las mujeres siguen siendo sobrevivientes de esta práctica. En este escenario, fortalecer el Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual permitiría coordinar a las instituciones involucradas para prevenir, atender, y establecer políticas públicas encaminadas a erradicar estas graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, pese a lo ordenado en la Sentencia, el Mecanismo no ha sesionado desde el 2019, consideró el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Agregó que dado que las instituciones de seguridad hacen un uso arbitrario y excesivo de la fuerza, incluso de la fuerza letal, también sigue vigente la necesidad de establecer un Observatorio Independiente sobre el Uso de la Fuerza, como lo ordenó en su sentencia la Corte IDH.
Acusaron que las mujeres sobrevivientes continúan luchando para que haya una investigación seria y diligente sobre la tortura sexual, que considere todas las responsabilidades por las violaciones a derechos humanos cometidas en el operativo del 3 y 4 de mayo, dado que la Fiscalía del Estado de México continúa prodigando la impunidad, sin que la Fiscalía General de la República impulse decididamente el acceso a la justicia en este caso emblemático de la violencia contras las mujeres en el país.