Por. Ivonne Melgar
Las descripciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el informe final de la Cuenta Pública de 2020 sobre el desastre con el que viene operando Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), debería haber prendido las alarmas del gobierno federal y de su partido para diseñar en el Congreso un severo control de daños en torno a las irregularidades que ahí se documentan.
Se trata de una obligada oportunidad de la autoproclamada Cuarta Transformación para castigar las conductas ilegales y establecer los correctivos institucionales.
Y es que por el monto de dinero que el caso involucra y la gravedad de las faltas, esto debería concentrar los esfuerzos de las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural -a la cual pertenece este órgano descentralizado- y de la Función Pública (SFP), que ya en 2021 inhabilitó a tres directivos de SEGALMEX; pero también del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Apenas este jueves se activó la oposición en Cámara de Diputados, con la exigencia de la bancada del PAN al gobierno federal de la remoción del titular, Ignacio Ovalle Fernández, y medidas que garanticen la reparación del daño, recordando que ya en 2019 hubo anomalías por más 3 mil millones de pesos.
Pero más allá de las aclaraciones sobre el manejo y destino de 8 mil 637 millones 900 mil pesos que los funcionarios de la institución no pudieron aclararle a la ASF hasta los primeros días de febrero pasado -y que deberán solventarse este mes de marzo-, el expediente muestra el incumplimiento sistemático de la Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, General de Contabilidad Gubernamental, de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Responsabilidades Administrativas, entre una decena de ordenamientos violados.
SEGALMEX fusionó Diconsa y Liconsa, instituciones con más de medio siglo de historia y a las que la actual administración no logró transformar para bien.
Por el contrario: las prácticas reseñadas por la ASF obligan a la UIF que encabeza Pablo Gómez Álvarez a abrir un expediente de investigación sobre las cuentas bancarias que desembocaron en una auditoría de cumplimiento forense, como se le llama a las que enumeran las razones por las que se presume posible daño al erario o al patrimonio institucional y que, por lo tanto, podrían dar paso a responsabilidades penales.
De la revisión final de lo que fue 2020, entre las 866 auditorias realizadas, sólo cuatro son de carácter forense y corresponden al Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), a la CONADE, a Exportadora de Sal y a Liconsa, es decir a una de las 3 divisiones de SEGALMEX.
Así que hay todavía algo peor a los reportes de la carne que se echó a perder y los abarrotes caducos en las bodegas de las tiendas Diconsa, caracterizadas por inventarios inexistentes, faltantes de maíz y de frijol, pagos sin acreditar de supuestos servicios y de subcontratación de personal y adeudos sin recuperar de exfuncionarios. Una lista de anomalías a asciende a mil 413 mil 400 millones de pesos.
SEGALMEX en tanto acumuló observaciones por 5 mil 640 millones 600 pesos por adquisición y pagos sin soporte documental de maíz, frijol, canasta básica, leche y subsidios de arroz, trigo y maíz; y pagos que excedieron el tonelaje o precio de garantía establecidos para esos granos y otros pagos sin acreditar.
Todo lo anterior palidece antes las 300 páginas de la auditoría forense de Liconsa que, entre otras perlas, no proporcionó a la ASF los estados de 13 cuentas bancarias ni las conciliaciones bancarias de otras 37 cuentas.
Dentro de los mil 584 millones de pesos pendientes por aclarar, se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de Liconsa por un monto de 60 millones 295 mil pesos, por pagos realizados sin contar con la documentación que acredite algo que pretendieron hacer pasar por válido con el nombre de prestación del “Servicio Integral Especializado en Apoyo a Actividades Institucionales”, destacando el hallazgo de que parte se habría hecho a Team Business Management, una empresa sin soporte en el SAT.
En el colmo de la falta de ética, Liconsa hizo inversiones en Certificados Bursátiles Fiduciarios privados, sin seguir la normativa, y de algunos rendimientos generados no se sabe nada; reportó pagos por anticipado a proveedores, pero carece de comprobación y realizó acuerdos para la coproducción de lácteos y derivados sin acreditar los mínimos de calidad; e informó haber comprado leche fresca de la que no hay documentación probatoria, una omisión que también se aplica para el supuesto pago de transporte.
Quienes conocen de fiscalización saben que esta es una cloaca que contradice la promesa sexenal de 0 tolerancia a la corrupción.
Hay algo todavía peor: las evaluaciones de la ASF a este organismo permiten advertir que se quedará en un buen deseo de campaña el propósito por el que fue creado: trazar la ruta hacia la autosuficiencia alimentaria.