El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 483 votos a favor, la propuesta de la legisladora priista Norma Aceves García para establecer como discriminación el impedir, negar, restringir o condicionar el acceso de las personas con discapacidad a establecimientos públicos con animales de apoyo o asistencia, así como obstruir guías podotáctiles (con textura), rampas de acceso, señalizaciones en sistema braille y demás elementos destinados a la accesibilidad y movilidad de este sector de la población.
Al presentar la iniciativa de reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que agrega el artículo 9, la integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) aseveró que de nada sirve que un inmueble con diseño universal o con ajustes razonables suficientes garantice el acceso y la movilidad de personas con discapacidad visual, si no existen el desarrollo urbano o el transporte accesible que les permita trasladarse.
La secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados expresó que las principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad visual son la accesibilidad y movilidad, elementos a partir de los cuales se puede tener acceso al disfrute de todos los derechos, y agregó que, aun existiendo mecanismos de apoyo para ellas, la dinámica social y la falta de concienciación rebasan la capacidad operativa de las autoridades, en detrimento de este sector de la población y en un menoscabo del ejercicio de sus derechos.
Así mismo, reclamó que se discrimine cuando las personas con discapacidad visual cuentan con los elementos necesarios para disfrutar de una adecuada movilidad, como un animal de asistencia, pero en los centros de acceso al público les prohíben el ingreso.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se estima que en nuestro país viven 2 millones 719 mil 152 personas con discapacidad visual o con alguna limitación para ver, quienes se enfrentan a un sinfín de obstáculos para el ejercicio de sus derechos, inclusive los más básicos, como la salud, educación y trabajo.
La iniciativa se turnó a la Cámara de Senadores para efectos constitucionales.