Por unanimidad, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) acordó presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra del Acuerdo presidencial, por el que los proyectos y obras de infraestructura del Gobierno de México son considerados de interés público y seguridad nacional.
Dicho Acuerdo fu publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 22 de noviembre.
La comisionada presidenta del Inai, Blanca Lilia Ibarra, advirtió que el acuerdo presidencial se traduce en un obstáculo a la aplicación del principio de máxima publicidad, en la medida que dificulta la difusión y entrega de información relacionada con proyectos de infraestructura del Gobierno de México.
Señaló además que tampoco abre la posibilidad de realizar una valoración caso por caso, lo que, dijo, está relacionado de manera directa con el ámbito de competencia del Inai.
Por su parte, el consejero Francisco Javier Acuña, refirió: “enderezamos una controversia constitucional porque como autoridades que somos, a nivel constitucionalmente reconocidas, encontramos riesgo inminente y evidencias en la interpretación directa e indirecta de este acto de autoridad del Ejecutivo Federal”.
De acuerdo con los argumentos de los comisionados, al interponer la controversia constitucional se busca evitar que las dependencias de la Administración Pública Federal se interprete y que se pueda reservar por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con proyectos y obras que el Gobierno de México lleva a cabo.
Los comisionados advirtieron una posible transgresión al artículo sexto constitucional; en tanto, advirtieron que la seguridad nacional es un presupuesto de reserva de la información.
Tras analizar los alcances del acuerdo presidencial, el pleno determinó ejercer este control constitucional para buscar que las dependencias y entidades reserven por seguridad nacional toda la información relacionada con los proyectos que el Gobierno lleva a cabo.
Advirtieron que se corre el riesgo que la información sea bloqueada en estos proyectos, con base en el acuerdo, lo cual viola el derecho al acceso de la información.
El Inai cuenta con un período de 30 días hábiles, a partir de hoy, para presentar ante la Suprema Corte de Justicia, este controversia constitucional.