Por. Gerardo Galarza
Hay quienes piensan que hablar sobre la militarización del gobierno es exagerado. Quizás. Tan exagerado como el control de las numerosas funciones civiles que ha asumido el Ejército en el sexenio actual.
Nunca en el México posterior a la revolución de 1910, -a partir de 1929-, los miembros del Ejército, desde los soldados rasos hasta sus generales, han estado fuera de sus cuarteles participando así en tareas civiles, ni siquiera en los gobiernos de Lázaro Cárdenas (1934-1940) y Manuel Ávila Camacho (1940-1946), lo últimos militares que fueron presidentes de la República.
Después de la “institucionalización” de la revolución, el Ejército creó, de acuerdo con el discurso oficial, una imagen de lealtad a las instituciones y de defensa a la soberanía nacional. Sus contactos con la población civil ocurrían durante los desastres, mediante a aplicación del PLAN DN-3, y también -hay que decirlo- fue notoria su utilización para la represión de movimientos populares, políticos y conflictos electorales, pero regresaban a sus cuarteles. Hay tareas de gobierno que se les encargan por logística y seguridad: por ejemplo, el reparto de los libros de texto gratuito (una vez al año) y la entrega de las boletas que se utilizan en las elecciones federales (cada tres años).
El gobierno de José López Portillo inició el uso sistemático del Ejército para el combate al narcotráfico: la “Operación Cóndor”, en el vértice de los límites de Sinaloa, Chihuahua y Durango, el llamado Triángulo Dorado, y hasta la fecha.
Una de las mayores promesas electorales del actual presidente de la República fue sacar al Ejército de las calles. Él y sus simpatizantes, los de renombre y los anónimos, cargaron contra los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña por el uso del Ejército y la Marina, y el número de muertos en la “guerra” contra el narcotráfico. Hoy apenas a la mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el número de militares (sin incluir a la Guardia Nacional) en las calles es mayor que antes, y el de muertos suma ya más de los ocurridos en los dos gobiernos anteriores.
Pero, la fuerzas armadas no sólo combaten al crimen organizado. Ahora están prácticamente a cargo de la seguridad pública en los niveles federal, estatal y municipal. Controlan los puertos y las aduanas, construyen el aeropuerto de la Ciudad de México, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas (hoy protegidas por un decreto inconstitucional que las declara parte de la “seguridad nacional”); distribuyen las vacunas anticovid y pronto se anunciará que serán los encargados de la distribución de medicamentos a los hospitales públicos, ante el fracaso del Insabi. Esas tareas civiles asignadas a los militares son las más conocidas; hay otras más de 200 que también realizan.
Los militares están en las calles de todo el país y en las zonas rurales. Se les ve todos los días con armas largas y gruesas. Los mexicanos ya se acostumbraron, como de decía antes, aunque ahora se dice “normalización”, a su presencia. Hay estudiosos y analistas de las fuerzas armadas y también ciudadanos que hablan de un cogobierno militar.
Entonces no es extraño el discurso del secretario de la Defensa Nacional el 20 de noviembre. Empoderado, llamó a los mexicanos a sumarse al proyecto político del gobierno federal. No extrañe que un militar pueda ser considerado como precandidato de Morena a la presidencia de la República, aunque parezca una exageración. La tentación está ahí. Ya cogobiernan.