«CUARTO PISO» Harán hasta lo imposible por no vacunarlos - Mujer es Más -

«CUARTO PISO» Harán hasta lo imposible por no vacunarlos

Por. Marissa Rivera

¿Por qué el gobierno federal no quiere vacunar a los menores de entre 12 y 17 años?

Por austeridad, por mezquindad o por incongruentes.

Negarse a vacunar a los menores de edad es otra de las aberraciones que marcará al gobierno mexicano en su actuación frente al Covid-19.

No les han bastado los más de 290 mil muertos por el virus (cifra oficial). Ahora buscan por la vía judicial dejar a su suerte a millones de jóvenes.

¿Cómo entender la decisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de impugnar la orden judicial que lo obliga a vacunar a todos los menores de 12 a 17 años contra Covid-19?

Resulta indignante y a la vez inaudito que la Secretaría de Salud haya presentado un recurso de revisión contra la orden que dictó un juzgado federal del Estado de México, el pasado 7 octubre, con tal de no vacunar a la población de esa edad, sin importar su estado de salud.

Según el presidente, los menores de 18 años no corren riesgo si contraen la enfermedad. Una sola muerte es suficiente para que su gobierno los proteja y los vacune.

¿Dónde queda el interés superior de las niñas, niños y adolescentes? Se trata de un principio constitucional previsto en el artículo 4, que demanda que en toda situación donde se vean involucrados niños, niñas y adolescentes se protejan y se privilegien sus derechos. Y la salud es uno de ellos.

Por lo pronto el Poder Judicial tendrá en sus manos, un tema que desde hace casi una década ha enarbolado y defendido.

¿Qué tan excesiva puede resultar la orden judicial para vacunar a los menores y salvarles la vida, como la calificaron López Obrador y Hugo López-Gatell?

Cientos de niños que no tenían problemas de salud han muerto por Covid-19, según las cifras oficiales. Se han contagiado más de 80 mil 300 menores de edad y han muerto casi 800 niños. ¿Necesitan más datos?

Suscribo la claridad del periodista Pancho Garfias en su columna El Arsenal: “Paradoja: López Obrador alega en la ONU por un reparto equitativo de las vacunas a nivel mundial, mientras que en México la SSA litiga contra su aplicación a los niños”.

No les gustó el argumento de la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, Claudia Gámez, quien aseguró que “los esfuerzos de las autoridades del Estado para combatir eficazmente la pandemia ocasionada por el virus del coronavirus deben estar encaminados a garantizar el derecho humano a la salud a la colectividad, en el caso específico, a todos los adolescentes de entre 12 y 17 años”.

Frente a ello, el gobierno federal contempla inmunizar solo a un millón de niños con alguna enfermedad crónica que los pondría en mayor riesgo ante el Covid-19.

Y una vez más primero los pobres. Si, la población de menos recursos ha sido la más afectada ante la negativa del gobierno federal de vacunar a los adolescentes.

Los que tienen los recursos han llevado a vacunar a sus hijos a los Estados Unidos. Otros han recurrido al amparo, evidentemente pagando por lo menos unos 5 mil pesos. Y los demás, sin ninguna certeza de protección.

Si la razón es que no hay suficientes vacunas Pfizer (la autorizada para menores de 18 años), bien podrían destinarse recursos para comprarlas e inmunizar lo más pronto posible a los niños de 12 a 17 años. Ese anuncio sería vital.

Pero no. En cambio, se han atrevido a hacer declaraciones que provocaron hilaridad a nivel internacional.

Por ejemplo, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer quien dijo que sus nietos no se vacunarían porque los niños tienen un sistema inmunológico “de maravilla”.

Incluso señaló que no estaba aprobada la utilidad de la inmunización de menores, justo el mismo día que la (FDA) Administración de Alimentos y Medicamentos, en los Estados Unidos, aprobó su aplicación también a niños de entre 5 y 11 años.

El gobierno está haciendo todo lo posible para no vacunar a los menores de 18 años.

Pésima señal. Además de que se advierte una nueva ola de contagios antes de que termine 2021.

La seguridad de millones de jóvenes está en manos del Poder Judicial.

 

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