Por. Ivonne Melgar
La Cuenta Pública 2020, que el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, entregó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados este jueves, constituye una oportunidad para el relanzamiento del combate institucional de la corrupción, más allá de consignas y voluntarismos.
Y, es que las alertas que la ASF lanzó con la primera entrega, el 30 de junio, quedaron sepultadas por el ruido mediático que desataron los cálculos prospectivos sobre el costo futuro de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco.
El desafortunado manejo que la ASF hizo del tema cuando éste molestó al presidente López Obrador abrió un frente desgastante entre diputados de Morena y el PT que pedían la cabeza de quien había osado proyectar cantidades diferentes a las oficiales y los de la oposición que le reclamaron a Colmenares preservar la autonomía de la fiscalización.
Para fortuna de nuestra todavía pendiente plataforma anticorrupción, las diferencias narrativas en torno al enterrado Texcoco quedaron atrás.
Es una buena noticia, después de que esa guerrita de humo, saliva, filias y fobias estuvo a punto de llevar la sangre al río, ante la tentación de algunos obsequiosos de cortarle la cabeza al auditor especial de desempeño, Agustín Caso Raphael, autor de los incómodos cálculos.
Y todo porque nos hemos conformado con la condena mediática, el señalamiento de presuntos culpables que rara vez son juzgados, el olvido de las redes de poder que prohijaron a los corruptos, la exageración de las observaciones que las auditorías conllevan y el uso partidista y faccioso de las mismas.
Dándole la vuelta a la página del capítulo Texcoco, a partir de ahora, auditores, autoridades, legisladores y medios de comunicación tenemos la oportunidad de emprender una lectura mesurada, responsable y consistente de los 12 mil 252 millones de pesos que los gobiernos estatales y las dependencias federales deberán solventar en los próximos cuatros meses, así como de las recomendaciones que la ASF comparte para evitar la fuga hormiga del erario.
Ese monto es el resultado de 625 auditorías que dan cuenta de incumplimiento de tareas, pagos no justificados, comprobación pendiente de gastos, compras, pagos y obras, entre otras irregularidades que podrían derivar en un daño patrimonial a las instituciones analizadas o a la hacienda pública.
Por eso, la entrega del segundo informe de la Cuenta Pública 2020 se convirtió en un acto de respaldo a la ASF, en el que las bancadas le solicitaron al auditor Colmenares firmeza en su encargo.
Es una petición de consecuencias políticas relevantes porque el documento se presenta en la antesala de la discusión del presupuesto de egresos y el hecho de que el gasto federalizado concentre observaciones por 10 mil 48 millones de pesos, con cifras muy altas en Sonora (2 mil 339 millones por comprobar), Campeche (mil 41 millones), Sinaloa (958 millones) y Michoacán (709 millones), abona en los argumentos gubernamentales de que en las entidades falta orden y sobra despilfarro, la retórica que desde 2018 viene acompañando los recortes draconianos a los fondos estatales.
Es ante esa visión que la diputada Imelda Pérez Segura (Morena) le dijo al auditor Colmenares que “hace falta hacer efectivas y vinculantes las sanciones” de las irregularidades expuestas. Y Gerardo Fernández Noroña (PT) habló de profundizar sus tareas, evitando que los responsables de los desfalcos estatales queden impunes.
Pero aun cuando falta la tercera y última entrega de la Cuenta Pública 2020, en febrero próximo, con las pendientes auditorías del gasto en salud y en las obras sexenales, este segundo informe también le da municiones a la oposición que, en voz de los diputados Rubén Moreira (PRI), Arturo Rodríguez Rivera (PAN), Luis E. Cházaro (PRD) y Mario Rodríguez Carrillo (MC), se pronunció por una rendición de cuentas autónoma y sin sometimientos a ningún poder.
Y es que el reporte de la ASF documenta la opacidad con la que Sedena compra uniformes y levanta obras públicas, en total desapego a la normatividad vigente, saltándose la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sin control ni transparencia en sus inventarios ni una comprobación pública de sus movimientos financieros en su rol de constructor.
Tampoco son menores las irregularidades por más de 103 millones de pesos en los programas para discapacitados e hijos de madres trabajadoras de la Secretaría de Bienestar, donde la ASF detectó beneficiarios inexistentes y apoyos a fallecidos. Ni las fallas en adjudicaciones directas por arriba de 4 millones de pesos en las escuelas regionales de beisbol.
Y más grave son el desorden y la falta de comprobación en el reparto de fertilizantes por mil 300 millones de pesos en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Así que en medio de la estridencia de los pleitos que tanta tinta desatan alrededor del Congreso, los diputados recibieron este jueves un documento que vale oro, tanto para la declarada causa número uno de la 4T como para el desafío de la oposición de ser un contrapeso a favor de todos, incluso de un gobierno que todavía tiene muchas escaleras qué barrer.