El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional aplicar la prisión preventiva oficiosa en delitos de contrabando, defraudación fiscal y los relacionados con facturas falsas.
De esta manera, por mayoría de 8 votos, los ministros declararon inválida la reforma de noviembre de 2019 a la Ley de Seguridad Nacional y al Código Nacional de Procedimientos Penales.
Las dos acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y senadores de oposición.
Los ministros consideraron que estos delitos no ameritan prisión preventiva oficiosa, a pesar de las argumentaciones legislativas en cuanto a la magnitud del daño que generan al Estado Mexicano, y consideraron -a pesar de los millones de pesos de ingresos que se dejan de percibir- que estos delitos no afectan a la seguridad nacional.
Las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat, así como el ministro José Fernando Franco -quienes votaron en contra-, argumentaron que estas conductas delictivas sí impactan en la seguridad nacional, pues datos oficiales muestran que en los últimos cinco años se han facturado operaciones inexistentes por más de 2 billones de pesos, cifra que representa entre 3 y 4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), lo que demuestra que estas empresas consuman un daño patrimonial al Estado Mexicano.
Agregaron que otras medidas implementadas no han podido limitar estas prácticas ilegales, pues por el contrario, se han incrementado.
Por su parte, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, argumentó que dictar prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal violaría los derechos humanos de las personas señaladas.
“No se puede estar ampliando simplemente el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. No se trata de no acatar la constitución sino de tomarnos en serio los derechos humanos que son parte del artículo primero constitucional”, dijo.
Redacción