El camino para alcanzar el reconocimiento del derecho de la mujer a votar y ser votada, no fue una concesión, sino el resultado de una lucha que estuvo plagada de obstáculos, aseveró la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa.
En el marco del 68 aniversario del voto de las mujeres en México, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la ministra agregó que es un hecho verdaderamente significativo, si se dimensiona en toda su magnitud.
“Implicó el reconocer a la mitad de la población el derecho a participar en la integración de los órganos de representación popular, un paso incuestionable en la construcción de una real democracia”, afirmó.
En este sentido, destacó que por primera vez en la historia, la Cámara de Diputados tiene una Legislatura paritaria integrada por 250 mujeres y 250 hombres, así mismo, resaltó el papel del TEPJF para garantizar de manera efectiva el principio de paridad de género y el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.
De igual manera, reconoció a la Sala Superior del Tribunal Electoral por su contribución para garantizar de manera efectiva el principio de paridad de género y el pleno ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres.
Destacó que garantizar la efectiva participación de la mujer va más allá de una repartición equitativa de los espacios públicos, porque exige proteger la plena vigencia de derechos, así como la vía del desarrollo de la democracia, asunto fundamental de derechos humanos y justicia social.
Sin embargo, reconoció que aún falta camino por andar y retos por vencer “un reto mayor que debemos encarar con toda contundencia, es garantizar el pleno ejercicio del derecho de votar y ser votada a las mujeres, no solo en condiciones de igualdad, sino también libre de violencia”, dijo la ministra.
Agregó que hace 68 años la discriminación y violencia contra la mujer, no le permitía que ella votara. Actualmente, la violencia contra la mujer ha alcanzado niveles alarmantes y se ha extendido al ámbito político, como se hizo patente en la reciente resolución de la magistrada Mónica Soto, que por primera vez se anuló una elección por violencia hacia las mujeres en una comunidad indígena, “demostrando que la violencia política de genero es de tal desprecio para ese tribunal que, aunque no es causa de nulidad, así se determinó”, manifestó.
Finalmente, la también Presidenta de la Segunda Sala de la SCJN explicó a los presentes que el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres en términos de igualdad y libre de violencia no es una recomendación ni una moda, sino un imperativo constitucional que llegó para quedarse.