El gobierno trabaja en los procesos penales de mujeres sentenciadas a prisión por interrumpir su embarazo y de aquellas que participaron en el proceso, para obtener su liberación.
En un comunicado, la Secretaría de Gobernación dio a conocer que junto con otras dependencias federales y estatales, coadyuvarán en dichas acciones, toda vez que ya identificaron casos de personas en esta situación.
“La Secretaría de Gobernación, a través de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia; y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), así como la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), los sistemas penitenciarios y las defensorías públicas de las 32 entidades federativas, han identificado casos de personas procesadas o sentenciadas por interrupción del embarazo, o bien, por haber sido participes en el proceso, por lo que, desde el ámbito de su competencia dentro del Sistema de Justicia Penal, trabajan en conjunto para su liberación”.
Esta medida se deriva de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta.
El 7 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad de diez votos que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.
Redacción