Por. Sandra Vivanco
El domingo 5 de septiembre, por primera ocasión en nuestro país se conmemoró el Día Nacional de la Mujer Indígena, no es fiesta, tampoco una fecha de celebración, sino un día para visibilizar y buscar que a partir de acciones se promueva el acceso a mejores condiciones de vida, educación, servicios médicos, así como las garantías a sus derechos humanos.
El Senado de la República hace poco menos de un año estableció este día en el calendario oficial de conmemoraciones, que en un primer arranque intenta reducir las desigualdades que existen con las mujeres indígenas, desde su presentación como dictamen buscaba erradicar la discriminación que día a día limita su desarrollo social y en sus comunidades.
Si bien, hacer visible la problemática de la mujer indígena en nuestro país es importante, no debemos olvidar que es y sigue siendo una tarea pendiente de los tres niveles de gobierno, pero también de las instituciones, por ello, han sido las comunidades y diversas organizaciones, nacionales e internacionales las que han puesto en el centro de la discusión la compleja vida a la que se enfrentan las mujeres que pertenecen a las comunidades indígenas.
Lamentablemente estas fechas en el calendario cívico sirven para múltiples eventos y discursos que no se reflejan en cambios reales, pues se mencionan las necesidades, los derechos reconocidos, pero siempre regateados para ellas, las acciones no pueden ser frases armadas para plasmar en infografías y datos en informes intentando demostrar avances que no coinciden con la realidad que se vive en la sierra o la montaña.
Las mujeres indígenas necesitan diligencia en los trámites, que en las oficinas existan personas servidoras públicas capacitadas para atender a quienes no hablen español, que en hospitales haya médicos y personal de enfermería así como de vigilancia, trabajo social y cualquier departamento que haga contacto con alguna mujer perteneciente a cualquier comunidad indígena que pueda tener alguna necesidad específica; esas mismas prácticas deben de replicarse en las fiscalías de justicia, particularmente en las agencias del Ministerio Público. Sin duda, si hablamos de deudas históricas, como siempre se menciona cuando se busca reconocer los derechos de las personas de las comunidades indígenas el primer discurso es la deuda, pues la misma, sigue vigente, a cada momento en que una persona, hombre o mujer no tiene acceso al mínimo trámite en cualquier oficina.
En las comunidades las mujeres no tienen acceso a servicios de salud de calidad, mucho menos a atención en embarazos o en salud reproductiva; en el aspecto educativo, la dinámica no cambia mucho: escuelas de palitos, poca oferta educativa, planteles alejados de sus comunidades, una problemática que implica que las mujeres en mayor medida accedan a la educación y capacitación eventual para el trabajo.
Estos son algunos de los temas que en fechas como la que se menciona sirven para la reflexión, pero eso tampoco es suficiente, principalmente cuando en el mismo día hay un grito de auxilio por una mujer indígena nahua de la Sierra poblana y luchadora social que ha sido detenida por un conflicto añejo político y por lo tanto, toma otra dimensión pues no se trata simplemente de la comisión de un delito, sino el hecho que deriva de una manifestación pacífica que deviene en detención, por ello podrían estarse vulnerando sus derechos humanos, además de que al tratarse de un defensora de derechos humanos dicho arresto adquiere otras dimensiones.
En el tema de justicia, vaya que este país tiene deudas con las personas que pertenecen a las comunidades indígenas, cuando por décadas les ha tenido privados de su libertad sin haber sido sentenciados, o son víctimas de tortura, con procedimientos que no comprenden cuando no hablan español y jamás les fue notificado en su lengua madre, de tratos de este tipo no se han librado cientos de mujeres, muchas de ellas presas injustamente, jamás podremos olvidar el caso de Jacinta, Teresa y Alberta, mujeres otomíes a quienes se les prefabricó el delito de secuestro contra agentes federales de investigación. Nunca más una muerte por una “gastritis o anemia aguda” como la de Ernestina Ascencio, cuyo ataque de militares quedó de lado porque la voz de una mujer indígena nahua de 73 años fue ignorada, sin razón alguna. Ya no más crímenes impunes en contra de mujeres discriminadas por ser indígenas.
En el ámbito internacional, ante la conmemoración también del 5 de septiembre Día de las Mujeres Indígenas, la ONU reconoce vulnerabilidad y marginación, para ellas, suma la pandemia a los demás elementos que restringen la participación y el ejercicio de derechos de las mujeres indígenas, pero les reconoce la implementación de estrategias comunitarias frente a la adversidad particularmente de la propia pandemia, por tanto, enaltece su espíritu emprendedor que ayuda a impulsar la agenda de igualdad de género y permite el desarrollo sostenible de la sociedad, por ello ante esta fecha significativa el organismo internacional reconoce la creación de la primera Red de Emprendedoras y Empresarias Indígenas de las Américas.
Las visiones nacional e internacional respecto de las mujeres indígenas sin duda concluyen en una idea primordial: empoderarlas.
Y en reconocimiento de la resistencia de las mujeres indígenas en México, existirá una escultura de una mujer olmeca sobre el Paseo de la Reforma en Ciudad de México.
Pero más allá de imágenes y visiones o planes, lo que se necesita es un reconocimiento real, tangible: “hasta que la dignidad se haga costumbre”, de esa magnitud deben ser las acciones, para todas las personas que integran las comunidades, pero particularmente para las mujeres que han resistido amorosamente dando vida y sabiduría.
Con amor a nuestras ancestras.