Por. Gerardo Galarza
¿Imagina usted el rescate que se pediría por un presidente de México, fuera quien fuera, secuestrado por cualquier grupo con intereses políticos, económicos o criminales? Y, ¿quién debería pagar ese rescate o cómo afectaría al país entero?
Ahora no es un asunto impensable ni imposible, a menos que lo ocurrido en Chiapas sea un montaje mediático. Tampoco es un asunto de fácil respuesta. El rehén sería ni más ni menos que el jefe del Estado mexicano (pueblo, gobierno y territorio, según al definición tradicional).
No se trataría del secuestro de una persona, en este caso Andrés Manuel López Obrador, sino del secuestro del presidente de la República, se haya o no votado por él, guste o no, se esté de acuerdo o no con su gobierno: la mayoría de los electores votó por el él en 2018 y por ello representa a todos los mexicanos, incluidos sus opositores y detractores.
Inmovilizado, retenido, bloqueado o secuestrado por más de dos horas por presuntos profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la mañana del viernes 27 de agosto, el presidente de la Republica dijo no ser rehén de nadie, ni aceptar chantajes.
¿De veras?
Sea como fuere, el hecho real o el montaje significa una grave problema para el país.
¿Imagine usted al presidente de la República secuestrado en serio por cualquier grupo político, económico o criminal? ¿Imagine cuáles serían sus exigencias? ¿Cuál sería el escenario nacional? ¿Quién o quiénes deberían tomar las decisión en ese caso? ¿Habría, perdón por la tontería, consulta popular?
No. El presidente de la República y, digámoslo abiertamente su familia y sus cercanos, son asunto de seguridad nacional. ¿Imagina usted que ese secuestro fuese contra la esposa del presidente de la República, o cualquiera de sus hijos o a alguno de sus cercanos? ¿Qué pedirían a cambio? ¿Habría que concederles lo que exigieran? ¿Dónde quedaría el Estado, qué debería hacer? ¿Quién debería asumir la decisión: la persona o el jefe de Estado?
Los hechos muestran que el actual titular del Poder Ejecutivo federal es proclive al martirologio, que le urge ser héroe nacional. En abstracto tiene derecho personal, pero de ninguna manera arrastrar al país a una crisis histórica. Debería considerar su postura. Nadie ganará con su martirio. Al contrario, y si ocurriese esa desgracia, la historia lo registrará como una grave irresponsabilidad gubernamental para dar seguridad al jefe de Estado mexicano.
Si el secuestro del presidente de la República por la CNTE fue real, demuestra lo necesario que era el Estado Mayor Presidencial para evitar este tipo de, digamos, incidentes, en donde el Ejército, la Guardia Nacional y los supuestos nuevos servicios de inteligencia nacional fueron rebasados por un grupo de presuntos profesores de educación pública.
Si un grupo de profesores, por numeroso que sea, es capaz de mantener retenido en su camioneta al presidente de la República durante dos horas, ¿imagina usted lo que pueden hacer los grupos del crimen organizado con armas de calibres casi similares a los del Ejército, que en Chiapas sólo vio como, digamos, retenían a su jefe supremo? Es pregunta, nada más.