Por. Gerardo Galarza
Desde que el hombre es hombre y comenzó (siempre) a vivir en grupos (nómadas o sedentarios, da igual) ha aceptado implícitamente lo que se conoce como “el contrato social” para poder convivir con sus semejantes.
En su forma más sencilla cede parte de su libertad individual para conseguir el bien de su comunidad, por lo que él será beneficiado. Y para ello el hombre creó reglas, estatutos, normas, leyes, constituciones, que regulan la convivencia social, establecen libertades y también obligaciones para todos los miembros de la sociedad.
El escribidor no es filósofo del derecho ni tampoco legislador, pero unos 15 años de cobertura periodística en la Cámara de Diputados le permitieron aprender de legisladores de izquierda y de derecha, también de los priistas, que cualquier norma, reglamento o ley siempre acotará la libertad individual en aras del bien común, del llamado Estado de derecho, a su vez sustento de la democracia. La paradoja es que las leyes que protegen la libertad siempre son restrictivas.
El “contrato social” es también el origen de lo que se llama Estado, que a través del gobierno será el encargado de garantizar la correcta aplicación de sus leyes para mantener la convivencia social.
Escribir sobre esto hoy podrá considerarse políticamente incorrecto e incluso una antigualla, en un mundo que intenta que “todos” los derechos existan, se ejerzan y se garanticen, pero a la par busca la desaparición de todas las obligaciones, que el Estado también está obligado a preservarlas.
Por eso causa estupor la reacción de unos 120 mil ciudadanos franceses que salieron a las calles para protestar en contra de las nuevas medidas del gobierno de Emmanuel Macron contra la pandemia de la Covid-19.
A partir del 1º de agosto, de acuerdo con lo anunciado por Macron, los ciudadanos franceses tendrán que presentar sus certificados de vacunación para poder ingresar a cines, teatros, bares, restaurantes y otros lugares de espectáculos públicos y será más severo el control de viajeros extranjeros.
Además, el gobierno francés anunció la obligatoriedad de la vacuna para todo el personal sanitario (médicos, enfermeras, paramédicos, trabajadores de hospitales), lo que en las redes asociales ha sido calificada como una medida fascista, porque supuestamente afecta la libertad para decidir aceptar o no la vacuna.
Tampoco nadie tiene el derecho de contagiar o de poner en riesgo de contagio a los demás miembros de su comunidad.
Es absolutamente cierto que los ciudadanos franceses que no quieran vacunarse contra la Covid-19 tienen el derecho de no hacerlo, pero también es absolutamente cierto que el Estado francés tiene la obligación de proteger la salud de todos los franceses e imponer las reglas sanitarias colectivas que se requieran para cumplir esa obligación de beneficio común. Entonces, es probable que los miembros del personal sanitario tendrán el derecho y la obligación de elegir entre vacunarse o su empleo y los otros pues no podrán asistir a aquellos lugares públicos.
Los filósofos y los juristas dicen que eso se llama Estado de derecho, que es uno de los fundamentos de la democracia, ambos surgidos del “contrato social”, tan antiguo como la vida en comunidad de hombres; un acuerdo basado en la correspondencia entre derechos y obligaciones sociales. Y acá no se alebresten, en México el Estado de derecho está roto desde hace mucho tiempo.