Por. Óscar H. Morales Martínez
No siempre la costumbre se hace ley y menos cuando atenta contra la dignidad y derechos humanos.
Los penosos comentarios de Andrés Manuel López Obrador en relación con “no estigmatizar a las comunidades indígenas por la venta de niñas en matrimonio”, muestran una constante “lógica” en su discurso maniqueísta y moralizador: él -no la ley- decide qué, cómo y cuándo algo es legal.
Nuestra Constitución es muy clara, su artículo segundo reconoce la pluralidad de culturas en México, pero refrenda que la Nación es única e indivisible. Aunque las comunidades indígenas tienen la libertad de autodeterminarse, debe ser dentro de un marco constitucional que se sujete a los principios generales de la misma, “respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.”
Más claro no puede ser este precepto, así como los de otras leyes locales y tratados internacionales -de los que México forma parte- que protegen a la niñez y a las mujeres.
Pero en este caso, para el presidente lo más importante no son las mujeres o las niñas -sean indígenas o no-, sino continuar simulando el abanderamiento de la causa indígena, porque ha sido ungido por ella como su líder espiritual. Es su Gerónimo.
Extendiendo este pensamiento a otro nivel, si el acto rebasa -viola- la Constitución o cualquier otro ordenamiento legal, pero es cometido o realizado por personas o grupos afines a sus propósitos políticos y propagandistas, siempre habrá un bien superior que lo justifique, sin importar que se atente contra otros derechos públicos o privados legítimos.
Así pues, es válido violar la ley electoral en aras de proteger el proyecto de nación que pretende imponerse en este país.
También es moralmente aceptado que se reciban donativos y recursos económicos sin acreditar su procedencia lícita, mientras se apliquen a fortalecer las finanzas del partido gobernante o sus programas sociales. Si la causa es justa, luego entonces los medios para cumplirla también lo son.
Pero existen otras prácticas que anteceden a este gobierno, que continúan haciéndose costumbre y siguen tolerándose -y en ciertos casos auspiciándose-, no obstante que la principal promesa de AMLO era eliminarlas o al menos combatirlas.
Por ejemplo, se ha vuelto una trágica práctica amedrentar a candidatos políticos opositores desprestigiándolos públicamente, congelando sus recursos, girando órdenes de aprehensión o, peor aún, privándolos de su vida.
Parece una ley no escrita de justicia por propia mano e impunidad -que en realidad funciona como “fuero”-, que los grupos delictivos desaparezcan gente y exhiban cuerpos mutilados en carreteras, vías públicas o plazas, con mensajes que además de confesar y atribuir la culpabilidad de sus autores, sirven como recordatorio de quién o quiénes gobiernan una región.
Es natural que al iniciar un trámite gubernamental sepamos que se volverá tortuoso, pero podrá solucionarse con el contacto o la gratificación correspondiente.
No se denuncian los delitos porque no confiamos en el sistema de justicia. Hasta el Secretario de Marina José Rafael Ojeda Durán recientemente declaró que “parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial.”
Se puede cancelar o promover lo que sea mediante encuestas a todas luces ilegales, siendo la práctica más recurrida para violentar el marco jurídico mexicano, dándole supuestamente voz al Pueblo y deslindando con ello de toda responsabilidad a los funcionarios que las promueven.
Todas esas costumbres tristemente muy mexicanas y otras más, no pueden seguir existiendo, ni encuentran justificación alguna, aunque llevemos viviéndolas y sufriéndolas muchos años.
Sin embargo, la población espera que los cambios vengan de afuera, que sean los gobiernos y sus Instituciones los únicos responsables, sin entender que cada uno de nosotros somos el eje principal para que se cristalicen.
Si no entendemos eso, siempre seguirá en el imaginario social la idea de que las cosas se resolverán solas y no por nosotros mismos.
Si este gobierno no funciona, tenemos la esperanza que el siguiente lo hará, sin que nos involucremos activamente en nuestras comunidades, olvidando fácilmente los oprobios de cada uno de los gobiernos que van transitando, al grado de pensar en el mañana arrastrando lastimosamente el pasado.
Es la funesta costumbre prehispánica y postcolonial de querer ser gobernados por un señor tlatoani o caudillo y no por un presidente de una República.