Por. Gerardo Galarza
Los abogados mexicanos mayores de 40 o 50 años repetían una conseja muy popular entre ellos: “A confesión de parte, relevo de pruebas” y muchos de ellos -también los jueces- la consideraban en cualquier juicio como la “prueba reina”, para demostrar una culpabilidad.
En 50 años de ejercer el periodismo, el escribidor no recuerda a ningún presidente de la república, a ninguno de su colaboradores o miembros mayores o menores del partido oficial, que hicieran alarde público de su desapego a la legalidad, mucho menos que reconocieran sus violaciones a la ley. Su cinismo no llegó a tanto y eso que fuero cínicos redomados.
La legislación electoral vigente en México, sustentada en la Constitución, prohíbe a los funcionarios de gobierno de cualquier nivel, incluido el titular de Poder Ejecutivo Federal, intervenir de cualquier forma en los procesos electorales, simplemente para garantizar su equidad en la competencia y, por supuesto, su credibilidad.
Y lea bien: el escribidor está en contra de que se limiten los derechos políticos de cualquier ciudadano, incluido el presidente de la república. Pero sabe, -por lo que vivió, lo que reporteó y se lo publicaron, para todos aquellos que pregunten ¿y dónde estabas cuando…?- que a esos ciudadanos se le restringieron sus derechos por los abusos, por décadas, de los funcionarios priistas y sus presidentes de la república contra la oposición en materia electoral.
El actual presidente de la república lo sabe bien: militó en el PRI por casi 20 años, en donde fue líder estatal en Tabasco, muchos más de los de su militancia en Morena.
Desconociendo esa historia y la de las luchas de miles de mexicanos por la democracia, con la prepotencia que siempre lo ha caracterizado, el presidente de la república contestó que sí “está metiendo las manos” en el proceso electoral, aunque la ley, comenzando con la Constitución, se lo prohíbe.
En palabras llanas: el actual presidente de la república confiesa públicamente, sin ambages, ser un violador de la ley.
Esa norma, -arriba está la opinión del escribidor-, puede ser injusta, pero es la ley y se debe respetar.
En México, sabemos o al menos lo hemos escuchado, que los ocupantes de cualquier cargo público más o menos importante, juran solemne y públicamente respetar y hacer respetar la Constitución y la leyes que de ella emanen, y si lo no lo hicieren así, pues que la nación se los demande.
El escribidor nunca ha conocido mecanismo o protocolo mediante el cual la nación demande a ningún presidente de la república, que no haya cumplido con su juramento. Es parte de la demagogia oficial. Desde el fin de la revolución mexicana, ningún presidente o expresidente de la república ha sido llevado a ningún tribunal, y vaya que muchos han dado suficientes motivos.
Pero tampoco recuerda que ningún presidente de la república haya proclamado a los cuatro vientos haber violado las leyes que juró respetar y hacer respetar. Y el actual no es la primera vez que lo hace. Antes, reconoció que fue él quien dio la orden para que un presunto narcotraficante fuese dejado en libertad, bajo el pretexto de no poner en riesgo a la población de Culiacán, Sinaloa.
Y si el presidente de la república no respeta las leyes, ¿por qué los ciudadanos, sus patrones, tienen que respetarla? ¿También al carajo? Se llama cinismo, que es una forma de corrupción.