Por. Óscar H. Morales Martínez
“Nosotros el Pueblo de los Estados Unidos”, es la poderosa frase con la que inicia la redacción del Acta de Constitución de los Estados Unidos de América.
El Pueblo es la fuente y razón para instituir una forma de gobierno, emitir leyes, establecer sistemas de justicia, promover un estado de bienestar, preservar la libertad, regular la vida política, económica y social de un país. El Pueblo legitima cualquier acción fundacional y de transformación.
Pero ¿quiénes son o somos el Pueblo? ¿Son todos los habitantes de un país o lugar específico? ¿Solo son los ciudadanos? ¿O únicamente los que comparten la misma nacionalidad?
Es un término que tiene muchas acepciones, pero actualmente se utiliza con claros y específicos fines de propaganda política.
Es a través del pueblo mexicano, de su voluntad, que se legitima la transformación del país y se dicta justicia, aunque no se apegue a la legalidad.
Solo por instrucciones y mandato del pueblo, es factible, deseado y esperado, que un juez, cualquier servidor público, alcalde, gobernador o el mismo Presidente, pueda desapegarse de la Constitución Política para hacer respetar la voluntad popular.
A través de encuestas es como se reconoce la voz del pueblo. Esto es suficiente para limpiar y purificar a un candidato político que ha desobedecido procesos electorales, pese a que exista una sanción o inhabilitación en su contra, solo porque el pueblo reconoce en esa persona al elegido.
Un proyecto de Nación tiene sustento únicamente si el pueblo lo acepta, y por eso es válido reformar leyes, constituciones y restar poder a órganos autónomos que se opongan al mismo.
La ampliación de facultades y de vigencia de cargos, se nutre y convalida de la necesidad de ejecutar a ultranza la decisión del pueblo, porque no hay manera de culminar tan digna y elevada tarea en tan poco tiempo.
El pueblo debe pensar solo en una cosa: su bienestar. Por eso, cuando no se ha alcanzado el grado de bienestar absoluto, el proceso debe continuar, sea como sea, al precio que deba pagarse.
Si el pueblo, a través de sus diputados y senadores quiere extender el periodo del presidente de la Suprema Corte, es válido solo porque dicha persona está comprometida con el proyecto transformador, y no puede dejar incompleta su misión.
Si se requiere que el presidente de este país prolongue su mandato, también estará sustentado por este noble fin, aunque los medios para hacerlo no sean legales.
Con toda distancia y reconociendo que eran otros tiempos y legislación aplicable, Benito Juárez fue reelegido en varias ocasiones porque él necesitaba completar su tarea restauradora de la República. Tal parece que quienes evocan al benemérito de las Américas lo hacen para recordarnos que la “reconstrucción” del país obliga a consolidar en el poder solo a los que llevan la antorcha del cambio.
En un paralelismo histórico curioso, Benito Juárez asume por primera vez la presidencia de México porque era el presidente de la Suprema Corte. Hoy, la pretendida ampliación del cargo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, es el experimento y antesala para prorrogar el cargo de Andrés Manuel López Obrador. Claro, solo si el pueblo así lo decide.
Pero el pueblo es una entelequia. Claramente quedan excluidos del pueblo todas aquellas personas que no comulgan con el proyecto de Nación, porque el que no está a favor, luego entonces, está en contra.
Es tan fuerte la voluntad del pueblo, que soberanamente legitima acciones en contra de intereses, personas, empresas y gobiernos de otros países, aunque con ello se vulneren derechos civiles, humanos o tratados comerciales, porque todo acuerdo previo al nuevo régimen está manchado de corrupción y debe detenerse la expoliación de nuestros recursos.
Así pues, el pueblo es quien provee el bálsamo sanador. Nunca se equivoca, porque es sabio.
En México, “nosotros el pueblo” refiere solo a un sector de la población, posiblemente mayoritario, que cree en la autodenominada Cuarta Transformación, llena de nacionalismos y simbolismos, que busca reivindicar un pasado idílico.
El pueblo, así conceptualizado, no somos todos los que vivimos en México. Las diferencias sociales, económicas y de pensamiento se convierten en brechas que separan al bando enemigo de los defensores del suelo patrio.
Las huellas que se están dejando son el inicio del camino al control estatal y el presidencialismo caudillista que presumíamos haber eliminado. Es la vuelta en “U” del camino de terracería que no hemos podido librar desde que somos una nación independiente.