Por. Sandra Vivanco
Si en abril de 2020, con la aprobación de la reforma que tipificó la violencia política de género contra las mujeres (VPG), se llegó a considerar que podría inhibir conductas antijurídicas que limitaran, anularan o menoscabaran el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de las mujeres, se equivocaron.
Un año antes, en 2019, con la aprobación de la llamada reforma Paridad en Todo, tuve una gran preocupación por todas las mujeres que legítimamente pretendiéramos cualquier cargo, tarea, designación de algún encargo y por los cargos de elección popular, ya que, vislumbré que se podría agravar la violencia en razón de género, por el simple hecho de aspirar a los cargos que históricamente han estado pensados y determinados para los hombres.
La preocupación se encuentra sustentada con los hechos documentados de violencia política contra las mujeres, la cual creció en el proceso electoral 2014-2015, en el que, tanto en el ámbito federal como local, con la reforma de febrero de 2014, los partidos políticos tuvieron la obligación de postular a los cargos de diputaciones el 50% de hombres y el 50% de mujeres, lo que se amplió al ámbito municipal, en las listas de ayuntamientos, también se observó, en muchos casos, la paridad en los cargos de sindicaturas, cuando el candidato a la Presidencia Municipal era del género masculino.
Durante ese proceso, se cometieron cientos de violaciones contra mujeres, de ahí que en el año 2016, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la entonces FEPADE, la Secretaria de Gobernación entre otras instituciones, crearon el protocolo contra violencia política.
Ni en su momento el protocolo y las muchas acciones institucionales por sensibilizar y generar conciencia para evitar la violencia política cometida contra las mujeres, ni ahora con el reconocimiento como delito de este tipo de violencia, aunado a la existencia del Registro Nacional de Personas Sancionadas por VPG, las acciones u omisiones para impedir el pleno ejercicio de derechos políticos de las mujeres, han cesado.
Y eso no significa que esas acciones no sirvan o que su eficacia sea limitada, lo que sucede es que aún se tiene arraigado el hecho de que las mujeres no pueden apropiarse del espacio público, y es precisamente a través del ámbito privado que se les violenta: prácticamente en todos los institutos electorales locales del país y en el INE, existen quejas por violencia política contra las mujeres. Las fiscalías electorales empiezan a incrementar las carpetas de investigación por la presunta comisión del delito de VPG. De igual forma, los tribunales locales y las respectivas salas regionales y la superior, cada vez conocen de más medios de impugnación por el mismo tema de violencia.
Desde este espacio, me permito darle voz a muchas de mujeres que valientemente han decidido ejercer su derecho de ser votadas, para exigir que su participación sea con todas las garantías no solo de que no deben ser violentadas en su legítima aspiración, sino que ello no les costará la vida.
La VPG no puede quedar como un solo concepto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no puede dejar de ser sancionada porque se emita a través de un perfil falso en las redes sociales, tampoco debe ser una estadística en las fiscalías porque el presunto responsable no fue identificado, ya que, la existencia de ese tipo de violencia, no solo lastima y limita la participación política de las mujeres, puede significar daños irreparables en la persona directa y en las victimas indirectas como son sus familias.
Es imperativo que las mujeres cuenten con todas las herramientas legales y materiales para realizar denuncias, y que, a su vez tengan la certeza de que los presuntos hechos que vulneran su participación sean investigados con la premura que los plazos electorales exigen, ello con la intención de que este tipo de violencia deje de impactar en sus campañas.
Pero también es vital que las mujeres que están desempeñando alguna tarea o función pública sean atendidas con las mismas garantías que las mujeres candidatas que en muchas ocasiones logran acceder a medios de comunicación y hacer visible la VPG de la que son víctimas.
Especial atención merecen las mujeres que se encuentran en poblaciones rurales o aquellas que pertenecen a algún grupo de atención prioritaria: discapacidad, de diversidad sexual, jóvenes y tercera edad. Las instituciones deben, de acuerdo con el postulado del artículo primero Constitucional, no solo garantizarles sus derechos, sino respetarlos y protegerlas, en esa protección amplia, se incluye el acceso a la justicia, por tanto, las instituciones del Estado deben estar atentas y dispuestas a atender los casos de VPG.
Tenemos las instituciones y la normativa específica, se necesita, por un lado, menos violentadores y por el otro, mayor actitud de las personas servidoras públicas, así como un actuar diligente y eficaz para erradicar la violencia política de género y cualquier otro tipo de violencia contra las mujeres.