Por. Óscar H. Morales Martínez
Con una portada de escándalo, el periódico La Jornada en su edición del 1 de abril señala: “Financiado por EU, Artículo 19 nutrió el golpe contra México.”
De suyo, el desplegado es confuso. ¿Cuál golpe contra México? ¿Cómo se nutrió? ¿Cuándo sucedió?
Si no tuviera fecha la publicación, bien podría tratarse de la Decena Trágica perpetrada por el “chacal” Victoriano Huerta, o quizá de las intrigas del Ministro Plenipotenciario estadounidense en México Joel R. Poinsett en el siglo XIX.
Lamentablemente, se trata de una denostación a una de las organizaciones independientes más reconocidas a nivel internacional en la defensa de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información.
Resulta evidente que la editorial de ese periódico siguió la línea de imputaciones de descrédito contra “Artículo 19” que realizó Andrés Manuel López Obrador el reciente 31 de marzo, cuando dijo que “ese organismo está apoyado por el extranjero, toda la gente que tiene que ver con Artículo 19 pertenece al movimiento conservador que está en contra nuestra”.
Esta declaración fue en respuesta al señalamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Sanjuana Martínez Montemayor, directora de Notimex, de ser partícipe a los ataques contra reporteros en México, acusación retomada de la información que desde 2020 habían proporcionado Aristegui Noticias, “Signa Lab” y el propio “Artículo 19”.
Para entender mejor el contexto, es importante hablar de “Artículo 19”.
“ARTICLE 19” (su denominación original en inglés) es una organización no gubernamental fundada en Londres, Reino Unido, en 1987, y toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye la libertad de sostener opiniones sin interferencia y buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio y sin consideración de fronteras.
Tiene presencia a nivel mundial con diversas oficinas regionales en Europa, África, Asia y América. La Oficina para México y Centroamérica inició operaciones en 2006.
“ARTICLE 19” colabora activamente con diversos cuerpos, comisiones y organizaciones humanitarias, entre los que destacan la “African Commission (and Court) on Human and People’s Rights (ACHPR)”, la “European Court of Human Rights (ECHR)”, la “Inter-American Commission (and Court) on Human Rights (IACHR)”, y la “Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE)”, entre otros.
También colabora con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) moldeando y garantizando el apoyo a las iniciativas normativas sobre libertad de expresión, informando sobre su defensa a través de las prioridades locales y nacionales de derechos humanos de sus oficinas y socios regionales.
Aprovecha varios mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas para que los Estados rindan cuentas de violaciones de la libertad de expresión. Esto incluye, a través de la UNGA y el CDH, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) y los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, en particular el Relator Especial sobre la libertad de opinión y expresión, los órganos creados en virtud de tratados y el mecanismo de examen periódico universal (UPR). A su vez, su trabajo nacional de promoción utiliza las obligaciones y compromisos de los Estados en las Naciones Unidas para impulsar el cambio local.
De acuerdo a la información que aparece en su sitio web (https://articulo19.org/sobre-a19/), “ARTICLE 19 México y Centroamérica” “es una organización independiente y apartidista que promueve y defiende el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas, de acuerdo a los más altos estándares internacionales de derechos humanos, contribuyendo así al fortalecimiento de la democracia.”
El quehacer primordial de “ARTICLE 19 México y Centroamérica” versa sobre: la exigencia del derecho a la difusión de información y opiniones en todos los medios; la investigación de amenazas y tendencias; la documentación de violaciones a los derechos de libertad de expresión; el acompañamiento a las personas cuyos derechos han sido violados; y la coadyuvancia en el diseño de políticas públicas en su área de acción.
Las estadísticas mundiales constatan que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, solo a la par de países que se encuentran en conflicto bélico o bajo un estado de terrorismo. En esa tesitura, “ARTICLE 19 México y Centroamérica” es considerada una de las principales organizaciones que ha denunciado el incremento del nivel de agresión contra periodistas, brindándoles la protección que no ofrecen las autoridades mexicanas.
El trabajo de “Artículo 19” en México lleva muchos años. En su reporte anual de 2017 (previo al ascenso de AMLO al poder), señaló que la libertad de expresión e información en México estaba bajo seria amenaza: “Los ataques contra la prensa han aumentado un 163% en los últimos seis años (2010-2016). El número de las formas más graves de ataque (asesinatos, desapariciones forzadas, torturas) también ha aumentado, con 11 periodistas muertos en 2016 y 11 más en 2017. Se cree que más de la mitad de los ataques contra la prensa en 2017 involucraron a funcionarios públicos, aunque ninguno ha sido responsabilizado. Hay una tasa de impunidad del 99,75% para los crímenes contra la libertad de expresión”.
También ha señalado que existen otras violaciones: cierre de archivos históricos sobre graves violaciones y atrocidades de los derechos humanos; negar o retener selectivamente el acceso a la información como medio de discriminación y control sobre las comunidades marginadas; la manipulación de las líneas editoriales de los medios de comunicación a través de la asignación discrecional de publicidad gubernamental; la promulgación de proyectos de ley que criminalicen la búsqueda de información y el derecho a protestar; y la vigilancia digital gubernamental contra abogados y defensores de derechos humanos, entre otros.
De acuerdo con el más reciente reporte de “Artículo 19”, el año pasado se registraron 692 agresiones a periodistas y medios de comunicación; un incremento del 13.62% en comparación con el primer año de administración de López Obrador que ostentaba el récord con 609 agresiones.
¿Acaso México está exento de la aplicación de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” y el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”? ¿No es signatario de ningún Tratado de Derecho Internacional sobre Derechos Humanos? ¿Es letra muerta lo que señalan los artículos 1 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre la libertad de expresión?
La realidad en México es muy distinta al discurso gubernamental. Los ataques de la Presidencia contra instituciones autónomas y organismos no gubernamentales esconden su verdadero sentido: concentración de poder político.
Dígame usted, amable lector ¿es legítima la desacreditación de “Artículo 19” solo por ser un organismo internacional? ¿no debiera el Gobierno mexicano argumentar sólidamente en vez de intentar crucificar a quienes lo exhiben?
Los derechos humanos tienen valor universal y cuando su violación no es sancionada, o son las propias autoridades las que están coludidas o los trasgreden, existen estos organismos e instrumentos internacionales para advertirlos y condenarlos.
México forma parte de la ONU y es signatario de diversos Tratados sobre Derechos Humanos, luego entonces, su incumplimiento debe ser sancionado a nivel internacional si nuestras instituciones de justicia no han podido o querido hacerlo.
No siempre la ropa sucia se lava en casa.