Por Fernando Coca
Los cuerpos de 19 personas ejecutadas y calcinadas en Camargo, Tamaulipas, causaron indignación en la opinión pública. Las víctimas que han sido identificadas son de nacionalidad guatemalteca y un mexicano que, según las autoridades, era traficante de personas.
Nos enteramos de este hecho porque la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía de Tamaulipas nos enteraron que 12 policías estatales estarían involucrados en el crimen de estas personas.
Esto es algo inusual en México. Por tradición, nos enteramos de este tipo de acontecimientos por medios de comunicación locales, por organizaciones de Derechos Humanos o activistas que buscan desaparecidos. Baste recordar lo sucedido en Iguala y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa o la ejecución extrajudicial en Tlatlaya, Estado de México.
El gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca pidió a la fiscalía estatal que se esclarezca el crimen y que esto no quede en la impunidad. En el mismo sentido se pronunció la secretaria de Gobernación, pues funcionarios de su dependencia podrían estar involucrados en este caso.
Por eso, el Instituto Nacional de Migración (INM) cesó a ocho funcionarios asignados a su delegación en Nuevo León, pues la camioneta en la que se encontraron los cuerpos calcinados estaba relacionada con una investigación vinculada al tráfico de personas de diciembre de 2020.
Tamaulipas es un estado por el cual el tráfico de personas, aún en tiempo de pandemia, sigue siendo un negocio lucrativo para criminales que no tienen pudor alguno. Llama la atención el asunto de la camioneta. ¿Por qué no estaba bajo resguardo de las autoridades? ¿Quién no la entregó para las investigaciones del tráfico de seres humanos? Y, junto al tema de la camioneta, ¿qué hacían los policías estatales de Tamaulipas que tuvieron que modificar la escena del crimen para tratar de engañar a los investigadores? ¿Colusión de malos servidores públicos?
Creo que la actitud tomada por la secretaria de Seguridad Pública y el gobernador de Tamaulipas de poner a disposición de la fiscalía estatal a los 12 elementos que falsearon informes a sus superiores da un marco para creer que este crimen no quedará ni en el olvido y mucho menos en la impunidad. También creo que la separación del cargo de funcionarios del INM, habla de que tampoco van a tolerar a servidores públicos coludidos con el crimen.
Solo espero que la justicia para los 19 sacrificados, llegue pronto.
La Letrina
El héroe de la película ya está detenido. El priista que fue gobernador de Puebla, que durante tres lustros gozó de impunidad ya está en una cárcel de Cancún, Quintana Roo, para responder por la tortura a la que sometió a la periodista Lydia Cacho.
La justicia debería sentenciarlo a la máxima pena. Sometió desde el poder a una periodista que reveló el tráfico sexual con niñas. Mario Marín, el Góber Precioso está en la cárcel. Que ahí se quede no solo por la tortura a Lydia Cacho, sino también por proteger a pederastas.