Por. IVONNE MELGAR
Al final, la paridad en la disputa de las gubernaturas se impuso.
Así cerró 2020: con la mala noticia para el Club de Toby de todas las cúpulas partidistas de que no tendrán escapatoria y deben nombrar a siete candidatas mujeres.
Y aunque hubo respuestas de evidente resistencia, particularmente en los casos del PAN y de Movimiento Ciudadano, la agenda de la paridad que fijó el Instituto Nacional Electoral (INE) habrá de marcar la contienda del 6 de junio próximo.
Es cierto que existe regateo de los partidos y que hubo un desaseado proceso en el Tribunal Electoral al revisar las impugnaciones. Pero son obstáculos que, en los hechos, no han descarrilado el objetivo central: garantizar el derecho constitucional a la igualdad sustantiva en la representación política.
De manera que con tropiezos y artimañas que sin duda prevalecerán –como asignar candidatas en las entidades que las cúpulas partidistas consideran menos competitivas–, las elecciones de este año serán paritarias, marcando el inicio de una nueva historia en la agenda de los derechos de las mujeres en México.
Y para confirmar que, en medio de la emergencia sanitaria global, las causas feministas no se han confinado y, por el contrario, avanzan con la fuerza de sus defensoras, el 30 de diciembre se aprobó en Argentina una reforma que marcará ruta en la materialización del derecho a decidir.
Porque a propuesta del gobierno de Alberto Fernández, el Congreso aprobó una política de Estado que protege tanto los primeros mil días de vida de los niños, cuando la maternidad sea deseada, y la procuración de los servicios requeridos si las mujeres deciden abortar.
El apretado triunfo de los legisladores a favor del derecho a decidir en ese país sudamericano se dio en medio de la presión del Papa Francisco para que la iniciativa no pasara, hecho que también marcará un antes y un después en la capacidad de los parlamentos para ejercer el carácter laico de sus tareas.
La lección de los legisladores argentinos activó en México el debate hasta entonces estancado sobre el tema, generando que las representantes de Morena particularmente se asumieran llamadas a concretar un derecho largamente regateado.
Por lo pronto, existe un pronunciamiento de diputadas del partido en el poder que se comprometen a concretar los cambios pendientes, con la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género al frente, Wendy Briseño Zuluaga.
Y apenas este jueves, en la Comisión Permanente, la diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena) propuso exhortar a las comisiones legislativas correspondientes a dictaminar las iniciativas en materia de legalización del aborto, para que en el próximo periodo ordinario de sesiones se sometan a discusión y aprobación.
Al sostener que lo alcanzado por las mujeres de Argentina representa un cambio de paradigma, la legisladora planteó: “Ni cárcel ni muerte merece una mujer para decidir sobre su propia vida. La maternidad obligada la sostienen quienes creen que las mujeres solo somos seres reproductivos y que ahí reside nuestra aportación a la humanidad. Ser madre o no serlo es nuestra decisión única e intransferible. No ser madre también es una decisión respetable, personal y responsable”.
Y esa semana, ya en el arranque de la agenda electoral mexicana, quedó de manifiesto que la 3 de 3 contra la violencia será el gran moscarrón feminista para una clase política acostumbrada a justificar el acoso, la irresponsabilidad de los machos en el sostenimiento de los hijos y el maltrato hacia las mujeres.
La relevancia de este filtro avalado por el Tribunal Electoral y el INE ha cobrado nombre y apellido con el caso de la candidatura del aspirante de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, acusado de una presunta violación sexual.
Aun cuando el pronunciamiento del presidente López Obrador este viernes, de que estos señalamientos son propios “de la temporada electoral”, podría inclinar la balanza a favor del senador con licencia e inducir a que su postulación sea confirmada por la Comisión de Honestidad y Justicia de ese partido, lo cierto es que el balconeo de la impunidad de la que ha gozado el caso tendrá costos.
Porque a los reclamos de las organizaciones de mujeres para cancelar la candidatura de Salgado Macedonio se sumó el pronunciamiento de las propias morenistas que han pedido a la dirigencia del partido no atentar contra los derechos de las mujeres y las víctimas.
Se trata de un momento sin antecedentes en la vida política de México, porque a pesar de los intentos del máximo poder por invisibilizar la violencia de género, ésta se ha colocado como regulador de la disputa del voto, confirmando la advertencia de Yndira Sandoval, de Las Constituyentes MX, de que las elecciones de 2021 serán con las mujeres al frente y sus derechos al centro.