El Senado de Argentina aprobó hoy la legalización del aborto con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, en una intensa jornada que representó una victoria del movimiento de mujeres del país sudamericano que luchó durante décadas por este derecho y que festejó en una Plaza del Congreso colmada de alegría, llanto, orgullo y abrazos envueltos en los pañuelos verdes reconvertidos en un símbolo feminista a escala global.
En una sesión que duró 12 horas, la Cámara Alta ratificó en la madrugada el proyecto que ya había sido aprobado el pasado 10 de diciembre en la Cámara de Diputados y que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación y a partir de los 16 años sin mayor requisito que la voluntad de la mujer o la persona gestante (ya sea varón trans o de género no binario).
Argentina se convirtió así en el cuarto país de la región, después de Cuba, Uruguay y Puerto Rico, en legalizar el aborto, un derecho que en México sólo está vigente en la capital y en Oaxaca.
Al principio de la sesión había un virtual empate de votos a favor y en contra, pero con el correr de las horas se fortaleció el aval mayoritario al proyecto a pesar de las presiones eclesiásticas y, sobre todo, gracias a que los senadores que habían ocultado su posición y que estaban señalados como indecisos finalmente revelaron su apoyo al exponer sus argumentos.
Fue el caso de Stella Olalla, Oscar Leavy, Lucía Crexell, Oscar Castillo, Edgardo Kueider y Alberto Wereltinek. En principio se había especulado con que su sola abstención bastaba para alcanzar la legalización, pero terminaron dando su voto positivo, lo que amplió una diferencia que se preveía más estrecha.
La iniciativa fue una promesa de campaña del presidente Alberto Fernández, quien cumplió al enviar el mes pasado la ley para su análisis en el Congreso y hacer el lobby necesario para su aprobación.
Por eso, el resultado también representa un triunfo político del gobierno peronista que puede presumir que bajo esta gestión se ampliaron derechos sociales que colocan al país nuevamente a la vanguardia en América Latina, como ocurrió en el pasado con el divorcio, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la ley de identidad de género.
El debate
Durante la sesión se repitieron varios de los argumentos que ya se habían escuchado en la Cámara de Diputados el 10 de diciembre, cuando se aprobó con 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones y después fue enviado al Senado para su ratificación o rechazo.
Desde la oposición insistieron en que la legalización es inconstitucional, que se debe proteger la vida desde la concepción, que habrá castigos divinos; que es un tema que sólo interesa en Buenos Aires y el resto del país, no en todas las provincias; que en lugar de abortar se debe promover la adopción prenatal, que no se toma en cuenta “al niño por nacer” ni al padre, que no es oportuno tratarlo justo ahora que hay una pandemia y una crisis económica; que se debería someter a una consulta popular, que el sistema de salud se va a saturar con los abortos y que es una iniciativa que divide a los argentinos.
Por el contrario, las y los senadores que apoyaron el proyecto explicaron que se trata de un acto de justicia social y de derechos humanos, que las mujeres pobres mueren en abortos clandestinos, que se debe respetar el derecho de las mujeres y las personas gestantes a decidir y dejar de criminalizarlas y estigmatizarlas, que la penalización no mejoró nada, que la maternidad no puede ser forzada, que es importante deconstruirse; que el aborto es un derecho, no una obligación; y que, de ninguna manera, las niñas violadas deben ser obligadas a ser madres.
También recordaron que esta ley es producto de una lucha de décadas encabezada por mujeres pioneras como Nelly Minyersky, Martha Rosenberg y Nina Brugo, y del colectivo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que hace décadas concentró los esfuerzos de uno de los principales reclamos de la agenda feminista.
Mencionaron, además, a víctimas de la clandestinidad, como Belén, una joven tucumana que estuvo presa por haber sufrido un aborto espontáneo; Ana María Cáceres, quien murió después de que se le negara una interrupción legal de su embarazo a pesar de que su vida corría peligro; y de Lucía, una niña de 11 años que quedó embarazada después de ser violada por su abuelastro.
La historia
En 1921, una reforma del Código Penal en Argentina despenalizó el aborto solamente en los casos en que el embarazo fuera producto de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer demente.
Pero un siglo después, la despenalización por causas no se cumple y hay mujeres que siguen siendo encarceladas en este país porque su embarazo fue interrumpido de manera voluntaria o involuntaria. Algunos de los casos más graves son los de las niñas que son obligadas a parir después de haber sido violadas.
El 28 de mayo de 2005, un grupo de mujeres comenzó una campaña en Argentina bajo el lema ‘Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir’.
Las activistas eligieron el pañuelo verde como símbolo de su lucha, organizaron múltiples actos, recolectaron firmas de apoyo por todo el país y, seis meses más tarde, justo el Día de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, marcharon de manera masiva al Congreso .
Esa campaña recogió décadas de luchas y de esfuerzos de militancia feminista reflejadas en el Encuentro Nacional de Mujeres que comenzó a realizarse en 1986, apenas tres años después de que terminara la última dictadura, y que en su edición de 2019, como reflejo de su crecimiento y fortaleza, contó con la participación de más de 200.000 mujeres, lesbianas, travestis y trans.
El primer proyecto para legalizar el aborto se presentó en 1992, pero las adhesiones parlamentarias y el apoyo ciudadano era más bien escaso. En 2006, la Campaña terminó la redacción de una propuesta propia y al año siguiente la presentaba por primera vez de manera formal ante el Congreso. Pero ni en ese ni en otros seis intentos fallidos obtuvo el respaldo que necesitaba por parte de los legisladores para la legalización pudiera ser discutida en el pleno.
Cecilia González / RT