La violencia institucional machista consiste en una serie de actos u omisiones en contra de los derechos humanos que operan de distintas formas, permutan y escalan en sus modos violencia, por ejemplo, el pasado 10 de noviembre elementos de la policía de Cancún dispararon, y lanzaron gas lacrimógeno a manifestantes. Con ello, reprimieron una manifestación feminista que buscaba exigir el esclarecimiento del feminicidio de Alexis, una joven de 20 años.
Escenas como aquella son comunes, pero no son las únicas, ni la única forma de criminalizar las protestas feministas. Asimismo, dicha manifestación de violencia institucional machista no es exclusiva de una sola entidad o municipio. “Este tipo de violencia se trata de lo que hacen y/o dejan de hacer los servidores públicos y que afecta el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y su acceso a la prevención, atención, investigación, sanción, erradicación y reparación integral del daño que les causan los distintos tipos de violencia que enfrentan, esto de acuerdo con la LGAMVLV, Arts 18, 19 y 20.
De ahí la necesidad de conformar una coalición para contribuir a cambiar este panorama en México, al menos en el contexto de las propias protestas y manifestaciones feministas”, afirmó Suhayla Bazbaz Kuri, Directora General de Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C.
Por ello, Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C., Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C., Luchadoras, y las feministas independientes Irasema Fernández, Daniela Nicolini y Paulina Sánchez y Madrid, se unieron en busca de informar sobre la violencia institucional machista y sexual que viven las mujeres que exigen su derecho a una vida libre de violencia.
“Los movimientos feministas han irrumpido en todos los ámbitos. Nuestra vitalidad e interseccionalidad confronta y cuestiona a quienes ocupan y mantienen estructuras de poder. En México autoridades federales y locales ejercen violencia institucional machista estigmatizando, criminalizando y reprimiendo las protestas feministas y desplegando instituciones policiales que cometen delitos sexuales en nuestra contra”, aseveró.
Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, e incluso aquellos elementos que por no estar debidamente uniformados no son identificables como integrantes de alguna institución o corporación, han ejercido violencia institucional machista en contra de las mujeres al menos de cuatro formas:
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No cumplen su obligación de organizar el aparato gubernamental para asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
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Estigmatizan, criminalizan y reprimen a las personas que se identifican y/o son identificadas como mujeres, que se manifiestan y expresan contra las violencias que enfrentan.
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Despliegan a elementos de instituciones policiales y /o Fuerzas Armadas que son en sí mismas causantes de las protestas al estar presuntamente involucradas en delitos contra las mujeres como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, delitos sexuales, feminicidios y tentativa de feminicidios, encapsulamientos y uso de la fuerza no racional, proporcional ni legal.
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Hay impunidad respecto a las violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas feministas.
Además, la violencia institucional machista se ejerce antes, durante y después de las protestas feministas, pues tienen una dimensión práctica y una dimensión discursiva, que se manifiesta de distintas formas en las diferentes entidades y ciudades del país.
De acuerdo con los informes mensuales, generados y publicados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tan solo desde que inició la administración de Claudia Sheinbaum, se han abierto más de 300 carpetas de investigación a elementos de instituciones policiales por delitos sexuales cometidos, mayoritariamente, en contra de mujeres, incluidas jóvenes, niñas y adultas mayores. Además, en ocho de cada diez carpetas los hechos ocurrieron cuando los imputados estaban en funciones. En el caso de las demás entidades federativas, aún no se cuenta con información oficial divulgada proactivamente.
Aunado a ello, de acuerdo con el estudio Violencia institucional contra las mujeres en el noroeste de México, “los datos empíricos indican que activistas y defensoras […] tienen una profunda desconfianza en el aparato institucional aun cuando consideran como bueno el marco jurídico en la materia. […] Los artificios legales locales obstaculizan el ejercicio de los derechos de las mujeres y son a la vez fuente de violencia y mecanismos para reproducirla”.
Ante dicho panorama, la coalición busca, a través de su campaña ¡No me cuidan! Contra la violencia institucional machista del 25N al 8M (sitio), formar, movilizar, informar y comunicar para contribuir a la erradicación de la violencia institucional y defender el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
De igual forma, contribuirá a la exigencia para todo el aparato del Gobierno con la finalidad de evitar la violencia sexual y de género contra las mujeres, antes, durante y después de las protestas feministas.
“Queremos que las autoridades se hagan cargo de la propia violencia que ejercen contra las mujeres. Pero también buscamos que organizaciones colectivas feministas tengan información para movilizarse al respecto y no se produzcan más violaciones a su derecho a una vida libre de violencia, a la protesta, a la asociación, a la manifestación y a la libre expresión”, afirmó Suhayla Bazbaz Kuri.
Cabe señalar que la Coalición es el proyecto ganador en México que el Fondo de Respuesta Rápida que Pulsante abrió recientemente para apoyar a organizaciones que luchan por la protección del espacio cívico y los derechos humanos. Ello, con el fin de ampliar la participación ciudadana, representar la voz de sectores excluidos y poco representados y poner en la agenda temas relevantes para fomentar una discusión abierta y democrática enmarcada en una ventana de oportunidad específica.
“Nos parece importante co-construir espacios de diálogo para evitar la estigmatización de las protestas feministas. Para Pulsante es fundamental apoyar la expansión del espacio cívico para fortalecer nuestras democracias y lograr que las mujeres vivan una vida libre de violencia.” dijo Gloria Guerrero, coordinadora del programa de Innovaciones para la Democracia de Fundación Avina.
El trabajo de la coalición se basará en la formación y la información, toda vez que busca contribuir en el proceso formativo de organizaciones y colectivas feministas sobre este tipo de violencia. Además, proporcionará guías y manuales para actuar antes, durante y después de protestas feministas y para exigir información, prevención y sanción de delitos sexuales por instituciones policiales.
De igual forma, la coalición busca incidir del otro lado y coadyuvar en la creación de principios y medidas irreductibles para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno no ejerzan violencia institucional machista y sexual en protestas feministas rumbo al 8M del 2021.
“Recordemos que las protestas #NoMeCuidanMeViolan de agosto 2019 se derivaron de situaciones por violencia sexual policial. El 8M convocó decenas de miles de mujeres y 9M paró sectores; las mujeres seguirán luchando porque las expresiones de violencia en su contra siguen –pese y por la pandemia–. Ante la demanda colectiva feminista, las autoridades responden con violencia institucional y reducen el espacio cívico para exigir sus derechos: del 25N 2020 al 8M 2021 es un período clave para el movimiento feminista”, concluyó Bazbaz.