La ola feminista mexicana que protagonizan miles de mujeres y, por fortuna, miles de hombres también, desató en el Instituto Nacional Electoral (INE) un tsunami político que ha puesto en alerta a la histórica resistencia machista ante la eventual paridad obligatoria en las candidaturas a los 15 gobiernos estatales que se renovarán en 2021.
Se trata de una decisión valiente y audaz que este viernes 6 de noviembre podría formalizarse en el Consejo General de la llamada herradura de la democracia, con el voto a favor de la mayoría de sus 11 integrantes.
A cargo de Carla Humphrey Jordán, el proyecto de acuerdo que habrá aprobarse asume que con esta medida el INE busca “incidir en generar un cambio estructural en la representación de las mujeres en el ejercicio de cargos unipersonales de elección popular”.
“Los partidos políticos nacionales, locales, coaliciones y candidaturas comunes, deberán cumplir con la obligación de garantizar que en sus procesos de selección y postulación de las 15 candidaturas a los cargos de gubernaturas que se elegirán en el proceso electoral 2020-2021 se asignen 8 gubernaturas a mujeres”.
Ese lineamiento que podría convertirse en una nueva regla electoral puso de cabeza a los Club de Toby de todos los partidos, luego de confirmar que la propuesta va en serio y cuenta con el respaldo del presidente del INE, Lorenzo Córdova, y de Ciro Murayama, uno de los consejeros más proactivos y determinados del Instituto.
Si bien el debate y la eventual aprobación de esta medida se encuentra programada para hoy viernes 6 de noviembre, ya hubo discusiones privadas de los consejeros con los representantes de los partidos, quienes en diversos tonos y bajo diversificados argumentos se han manifestado en contra.
Una de las reuniones más recientes sucedió el miércoles 4 de noviembre, cuando los enlaces partidistas pudieron constatar la firmeza con la que las consejeras Carla Humphrey y Claudia Zavala, presidentas de las comisiones de Igualdad y de Prerrogativas, respectivamente, están dispuestas a defender lo que ellas definen como una facultad del INE: actuar ante la inacción de las organizaciones para que cumplan con el principio constitucional de la paridad en el caso de las gubernaturas.
Para sorpresa de los representantes de los partidos, incluido el senador Miguel Mancera que asistió en representación de la Cámara Alta, la determinación de ambas consejeras se encuentra respaldada por Córdova, Murayama y la consejera también feminista Adriana Favela.
Esa reunión dio paso a una advertencia, este jueves 5 de noviembre, del líder morenista en el Senado, Ricardo Monreal: si se aprueba ese lineamiento, el INE estaría invadiendo una facultad del Poder Legislativo y que –junto con varios legisladores de diversos grupos que apoyan su postura– impugnaría la decisión de los consejeros ante la Suprema Corte de Justicia con una controversia constitucional.
Es posible que las presiones de los partidos rompan la mayoría entre el Consejo Electoral y la intención naufrague.
También es probable que los integrantes del INE se mantengan firmes en su cometido y lo logren. Y no es descabellado pensar que posteriormente sea bateado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si bien ahí también existen magistrados comprometidos con la paridad política en serio.
La incertidumbre jurídica, constitucional, legal ronda el debate.
Pero, en los hechos, la propuesta de la consejera Humphrey ha conseguido desencadenar un auténtico tsunami en la clase política al colocar en la mesa de la discusión pública datos concretos y contundentes que confirman que, como antes con las cuotas, las cúpulas partidistas patean el balón de la paridad y postergan su materialización en las candidaturas, por más discursos de presunto compromiso que hagan.
Y de esa falta de compromiso en los hechos da cuenta el documento mediante el cual la consejera Humphrey demuestra no sólo la urgencia de tomar esta medida, sino las vertientes legales de la Corte, el Tribunal Electoral, las reformas relacionadas con el tema y los compromisos internacionales de México, que le dan sustento y atribuciones al INE para impulsarla.
Se explica, por ejemplo, que si ocho de las 15 gubernaturas que se elegirán en 2021 son ocupadas por mujeres, sumadas a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, se alcanzaría, al menos, nueve mujeres en los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas, “con lo cual se obtendría que cerca de un 28 por ciento de estos cargos sean ocupados por mujeres, reduciendo la brecha de desigualdad que ha existido” entre los géneros en estos cargos de representación política.
El proyecto prevé que cada partido diseñe los mecanismos para cumplir con la paridad en la postulación de candidatos a los gobiernos estatales, tomando en cuenta el grado de competitividad alto, medio y bajo que tiene en las entidades para no relegar a las mujeres sólo en aquellas donde la derrota es previsible.
Se recuerda en el documento que desde 1953 (año en que se reconoció a las mujeres la calidad de ciudadanas de la República Mexicana y, por ello, se otorgó el derecho a votar y ser votadas en todas las elecciones) hasta 2020 se eligieron 351 personas para desempeñarse como titulares de los Poderes Ejecutivos Locales, resultando electos 344 hombres, lo que implica el 98% y solamente 7 mujeres, el 2%, fueron electas.
Un dato subraya el rezago: en 25 entidades nunca ha gobernado una mujer.
En el proyecto se demuestra que de seguir la tendencia histórica de la participación femenina en las elecciones estatales, todavía estamos muy lejos de lograr la equidad en la postulación de candidatas.
Fue en 1979 cuando se elige por primera vez a una gobernadora: Griselda Álvarez en Colima. Transcurrieron ocho años para que otra mujer fuera electa: Beatriz Paredes en Tlaxcala en 1987. Pasaron 17 años para que la elección de Amalia García en Zacatecas, en 2004. Tres años después, en 2007, fue electa Ivonne Ortega en Yucatán. Ocho años más tarde, en 2015, ganó Claudia Pavlovich en Sonora. Tres años después, en 2018, fueron electas Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno en la CDMX y Martha Érika Alonso en Puebla, quien falleció 10 días después de asumir en el cargo.
Se precisa que en ese mismo periodo, dos mujeres fueron gobernadoras por designación: Dulce María Sauri en Yucatán y Rosario Robles Berlanga en el entonces Distrito Federal.
“Así se evidencia que los partidos políticos no han adoptado medidas eficaces para garantizar que las mujeres también accedan a la titularidad de los Poderes Ejecutivos Locales en condiciones de igual con los hombres”, se alega en el texto.
La revisión incluye cifras que demuestran que tampoco a partir de 2014, cuando se incluyó el principio de paridad en la Constitución, los partidos generaron mecanismos para concretarla, ya que “entre 2015 y 2020, de las 224 personas postuladas como candidatas, el 81.69% (183) fueron hombres y 18.30% (41) mujeres, “revelando una tendencia a registrar varones como candidatos a tales cargos de elección popular”.
¿Podrá el INE convencer a los partidos políticos de que, hablando en plata y con la neta, el machismo es superior a la palabrería?
Lo hizo antes con las cuotas y con la paridad, gracias al movimiento plural de mujeres que reivindicó estos derechos desde el Congreso, el Tribunal Electoral, las organizaciones de la sociedad civil y los propios partidos.
Es evidente que, como siempre, la resistencia de todos los Club de Toby persiste.
Pero como nunca antes la fuerza de la ola feminista se hace presente en las instituciones democráticas y en el INE hoy es un tsunami en grado tres.